La Representación de la Comisión Europea (CE) en España y el Comité Económico y Social (CESE ) de la Unión Europea (UE) han mantenido hoy en Madrid un debate sobre ‘La Política de Cohesión europea 2014-2020 y sus perspectivas para España’.
En el encuentro participaron Miguel Ángel Cabra de Luna, ponente del CESE para la Cohesión; María Irigoyen, Eurodiputada de la Comisión de Desarrollo Regional; Andrea Mairate, Jefe de Unidad para España de la Dirección General REGIO de la CE; Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas Financieros Internacionales; José María Piñeiro, Director General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y Francisco Fonseca, Director de la Representación de la CE en España, como moderador del encuentro.
Con este encuentro, ambas instituciones han querido unir sus esfuerzos para acercar la UE y la política comunitaria a la opinión pública, mostrando al ciudadano el alcance del valor de la Política regional europea y de sus fondos como instrumentos clave para la cohesión económica, social y territorial de la UE.
Asimismo, el evento ha pretendido informar sobre cuáles son las implicaciones para España de los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020, en el contexto de las oportunidades para el crecimiento sostenible e integrador con altos niveles de empleo y valor añadido para los ciudadanos.
Nada más comenzar su intervención, Emilio Ontiveros destacó que “Europa sufre la peor crisis de su historia en una recesión que se presenta profunda, duradera y costosa en tiempo y dinero”. Ante este panorama acompañado de una cada vez mayor desconfianza por parte de la población europea, la política de cohesión de la UE enmarcada en el horizonte de 2020 tiene el objetivo de elevar el nivel económico al que se subordina todo lo demás, principalmente la sostenibilidad y el empleo juvenil, explicó Ontiveros.
Por su parte, el ponente del CESE para la Cohesión, Miguel Ángel Cabra de Luna, destacó el papel fundamental que tiene su institución por representar el interés general de la población. Cabra de Luna recordó que su institución está pendiente de la probación de dictámenes sobre cohesión para el periodo 2014-2020, partiendo del papel de los Fondos Estructurales como pilar para el empleo y la inclusión de los colectivos más vulnerables.
A este respecto, explicó que “el CESE rechaza cualquier ‘condicionalidad macroeconómica’ que suponga la penalización de los Fondos Estructurales para los ciudadanos”. En este marco, Cabra de Luna recordó que la penalización de los Fondos Estructurales como represalia por el incumplimiento de alguna condición económica impuesta desde Europa, afectaría directamente al Fondo Social Europeo (FSE), que “es una de las prioridades para la lucha contra la pobreza y la exclusión social de colectivos vulnerables, como el de las personas con discapacidad”. Por este motivo, El CESE solicita que el 20% del FSE se destine al fomento de la lucha contra la pobreza.
Para Miguel Ángel Cabra de Luna, los fondos de cohesión para el periodo 2014-2020 han de apoyar el empleo y utilizar toda la inversión posible para alcanzar los objetivos fijados por la Estrategia UE 2020. Siendo las prioridades de esta inversión el empleo de los más desfavorecidos, la economía social, la inversión y la inserción social y el emprendimientro, entre otros.
Como colofón de su intervención Cabra de Luna recordó las palabras del Comisario Europeo Hohannes Hahn al decir que “en España ha habido mucha inversión en infraestructuras, pero poca en las personas y en las pymes”. Asimismo, invitó a “mejorar la calidad de vida de las personas, que somos quienes hacemos Europa”.
Por su parte, Andrea Mairate, dijo que la crisis económica y financiera es el telón de fondo de la reforma de la política de cohesión europea. Por ello, primero se ha de tener en cuenta la aplicación de una política regional que contribuya a alcanzar los objetivos UE2020. Cada Estado Miembro deberá elaborar un documento que refleje las necesidades para su desarrollo y las prioridades alineadas con la Estrategia comunitaria, después de lo cual, tendrá que presentar un resultado de rendimiento que, de no ser alcanzado, supondrá alguna forma de sanción, aún no definida debido al impacto de la crisis.
En segundo lugar, hay que diseñar prioridades más reducidas y concentradas. “Es lo que llamamos ‘concentración temática’, que implica la I+D+i, la competitividad de las pymes y la eficiencia energética, que tendrían que representar el 80% de los recursos asignados a las regiones con una renta media europea o más elevada que ésta.
Finalmente, Mairate apeló a la ‘condicionalidad ex ante’, una condicionalidad vinculada a las reformas estructurales y a la eficacia, por la que "hay que cumplir si se quieren obtener inversiones".
Enfocando su discurso en la política regional, Mairate recordó que está pendiente el refuerzo del diálogo a través de la creación de las plataformas de diálogo europeas y de una “política de cohesión más integrada que permita combinar diversas fuentes de financiación para las cuestiones urbanas, como el desarrollo de iniciativas locales que puedan ser lideradas por las comunidades autónomas con los sectores públicos y privados. Todo está enfocado a aumentar el desarrollo de la política regional y su eficacia”.
José María Piñeiro, centró su discurso en el diseño del ‘Acuerdo de Asociación’ que debería contar con el beneplácito del Parlamento Europeo a finales de mayo, y que en estos momentos supone uno de los principales objetivos de la CE y de España para finales de este año y poder así definir el marco económico para el periodo 2014-2020. Junto a este acuerdo debería aprobarse el marco financiero plurianual junto al Programa Operativo, diversos reglamentos y una guía sobre el marco de rendimiento.
Si hay unos elementos clave a tener en cuenta para finales de 2013 son para Piñeiro, primero, la realización de análisis sobre las necesidades y disparidades en España que definirán nuestras prioridades, unas prioridades que, como ya explicó Mairate, han de estar concentradas para evitar la mala gestión. “España cuenta con más de 20.000 millones de euros que deberán concentrarse en prioridades realmente reducidas pero con impacto real en la sociedad”.
Segundo, “una condicionalidad ex ante que habrá que cumplir para obtener inversiones de tipo temático y generales, y que se están analizando”. Tercero, incrementar el partenariado para que las condiciones sean asumidas por todos los grupo de interés concentrados en las autoridades públicas, los agentes sociales y económicos y la sociedad civil. “A cada uno de ellos habrá que lanzarles las preguntas sobre cuáles son los retos de la política de cohesión para el periodo 2014-2020 y cómo implementar esta política de partenariado”.
Por último, Piñeiro ha hecho de los indicadores transparentes para cada programa -y que serán objeto de supervisión y de posibles sanciones en caso de su incumplimiento-, otro elemento clave. “La evaluación de los nuevos indicadores es fundamental. Pasamos de indicadores indicativos a indicadores contractuales que exigirán mucho trabajo”.
Finalmente, la eurodiputada María Irigoyen destacó que el Parlamento Europeo va a negarse a aprobar el presupuesto anual propuesto por la CE dado que supone una reducción del 3,4% del actual marco financiero. En este contexto, Irigoyen recordó que “gracias al Fondo Social Europeo se ha ayudado a las personas más vulnerables, por lo que hay que reforzarlos. Necesitamos una política de inversión para conseguir un política de cohesión social, territorial y económica”.
Nathalie Domínguez