La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde 
) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, los impagos que las ONG están sufriendo en algunos casos desde hace más de cinco años. Los impagos ascienden a más de 70 millones de euros en subvenciones a proyectos de cooperación y educación para el desarrollo que, tanto gobiernos autonómicos como locales comprometieron pero que aún no han hecho efectivos.
Becerril también denuncia que tanto Ayuntamientos como Comunidades están dilatadando en el tiempo "informes que condicionan pagos previamente garantizados".
Andalucía es la comuidad más morosa, ya que debe 33 millones de euros, Cataluña, deuda 13,5 millones de euros, Castilla la Mancha, 8,6 millones de euros y la Comunidad Valenciana, 6 millones de euro.
Al corriente de sus pagos están la Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Galicia, La Rioja, Extremadura y Canarias. Al menos 46 entidades locales, dos diputaciones: Valencia y Almería, y 44 ayuntamientos tienen pendientes deudas con ONGD.
"De los 70 millones de euros que no se han hecho efectivos, 33 han sido adelantados por las propias ONG para garantizar que proyectos que ya estaban en marcha puedan seguir adelante y con ellos el compromiso asumido con las personas y organizaciones con quienes trabajan en otros países. Conseguir ese dinero ha supuesto en muchos casos, que las ONG soliciten un crédito bancario cuya devolución se presenta muy complicada si no se recibe el dinero comprometido por las Administraciones Públicas" denuncia la Congde.
"Las consecuencias sobre la población con quien trabajamos pueden ser nefastas puesto que corren peligro más de 100 proyectos educativos, sanitarios, sociales? iniciados hace tiempo y que aún no han sido finalizados".
"Si esta práctica no se modifica, el mantenimiento de cientos de proyectos de desarrollo en más de 120 países del mundo corre serio peligro, así como los que se realizan en España en materia de Educación para el Desarrollo", agrega esta Cooordinadora que solicita a la Defensora del Pueblo que ponga en marcha "todos los mecanismos a su alcance" para que la Administración pague lo que debe.
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