La Comisaria Europea de mercado interior, industria, emprendimiento y pymes, Elzbieta Bienkowska, ha valorado el modelo de gestión social de la ONCE 
y su Fundación y le ha invitado a revisar las estrategias en favor de los consumidores europeos, para que las personas con discapacidad no resulten discriminadas y se pueda crear así un mercado interior europeo inclusivo.
Tal y como informa la ONCE en nota de prensa, Bienkowska ha recibido en la sede la Comisión Europea en Bruselas al presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, acompañado por el consejero general adjunto al presidente y responsable de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y la consejera responsable de relaciones internacionales, Ana Peláez.
La comisaria se mostró satisfecha de conocer el modelo de actividad social y económica que la Organización desarrolla y le propuso actuar como puente para abrir e impulsar mesas de debate y trabajo a nivel de la Unión Europea en torno a la economía social y la discapacidad, conjuntamente con representantes de otros operadores sociales comunitarios, algo que la ONCE y su Fundación abordarán en breve.
Carballeda mostró a la Comisaria Europea cómo la ONCE basa su labor social en la venta de productos “bajo un estricto control público y un verdadero compromiso como operador y gestor responsable de juego” y resaltó que ese es el “motor” que permite a la Organización “gran capacidad de creación de empleo, apostar por la economía social, y estar comprometidos con la discapacidad, la solidaridad o la accesibilidad”, entre otros aspectos.
Y le explicó lo que representa en España la ONCE como operador de juego responsable, muy diferente del concepto europeo de operador de buenas causas: estos últimos dedican una parte de lo recaudan a una buena causa, mientras que la ONCE tiene un fin completa y absolutamente social, que se financia con juego responsable.
Carballeda informó a la Comisaria europea que, en términos globales, la ONCE, su Fundación, e Ilunion cuentan con una plantilla de, aproximadamente, 70.000 trabajadores, de los que cerca del 70% son personas con discapacidad.
La delegación de la ONCE liderada por Miguel Carballeda explicó a la Comisaria que este encuentro es continuación de las reuniones mantenidas en los últimos seis meses con el vicepresidente de la Comisión, Tibor Navracsics, y los comisarios Marianne Thyssen y Miguel Arias Cañete, después de que los dos primeros conocieran también en sendas visitas a Madrid la labor de la Organización.
Personas con discapacidad en las pymes
Alberto Durán insistió a la Comisaria en la necesidad de contar con una estrategia comunitaria para la inclusión de las personas con discapacidad en las pymes, que integran gran parte de la fuerza laboral del continente, y le planteó extender a la UE iniciativas que ya funcionan en España, como los acuerdos entre Fundación ONCE y la patronal Cepyme o varios programas financiados por el Fondo Social Europeo (FSE ) o en colaboración con otras entidades, que permiten impulsar el empleo de estas personas en las pequeñas empresas.
Igualmente, reiteró la necesidad de que se extreme la vigilancia sobre los bienes y servicios que se prestan en la UE para que no se discrimine a las personas con discapacidad (lo que ocurría hasta hace poco con los seguros sanitarios o de vida para estas personas, y que España resolvió gracias a un estudio de Fundación ONCE), todo ello para fomentar un mercado interior “más inclusivo”.
En el mismo sentido, ofreció la iniciativa realizada por la ONCE en la economía social con su grupo de empresas Ilunion, un modelo sostenible económica y socialmente, como ejemplo para el resto de Europa, y recordó que la economía social representa casi 10% del empleo y del PIB en muchos países comunitarios.
Acta Europea de Accesibilidad más ambiciosa
En relación con la puesta en marcha del Acta Europea de Accesibilidad, actualmente en debate en la UE, Ana Peláez recordó a la Comisaria que la ONCE y su Fundación han trabajado mucho para lograr que se avance en esta línea, una buena noticia para los 80 millones de personas con discapacidad de la Unión Europea, aunque alertó de que la definición del Acta sobre cobertura a “personas con limitaciones funcionales”, no es acertada y genera incertidumbre.
La ONCE y su Fundación consideran que el Acta debe ampliar su acción sobre cuestiones como salud, protección medioambiental o consumo e incorporar accesibilidad universal y diseño para todos en entornos, bienes, productos, servicios y procesos. Asimismo, crear mecanismos de vigilancia y cumplimiento efectivos, y que el periodo transitorio de seis años establecido en la propuesta de aplicación se acorte, por ser “excesivamente largo”.
Redacción
