Mejorar el funcionamiento del mercado interior, facilitando el que las empresas proporcionen productos y servicios accesibles a través de las fronteras. Este es el objetivo de la propuesta de ley europea de accesibilidad presentada hoy por la Comisión Europea para que los 80 millones de personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad.
En esta propuesta de ley, la Comisión Europea considera necesario el establecimiento de requisitos comunes de accesibilidad "en las normas de contratación de la UE y la utilización de los fondos europeos". Esta iniciativa, informa Bruselas en nota de prensa, estimulará la innovación e incrementará la oferta de productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad que viven en la UE. ¿Por qué? Porque los proveedores no tendrán necesidad de adaptarse a normas nacionales divergentes. En particular, esto ayudará a las pequeñas empresas a aprovechar al máximo el mercado de la UE.
Asimismo, Bruselas ha puesto "especial atención en garantizar la proporcionalidad de los requisitos, en particular para las pequeñas empresas y microempresas". ¿Cómo? Incluyendo cláusulas de salvaguardia para que dichos requisitos de accesibilidad no impongan una carga excesiva, y las medidas de cumplimiento para las microempresas son menos rigurosas.
¿Qué productos necesitan un mayor impulso? Tras un proceso de consulta con ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y empresas, la CE concluye que los productos cotidianos que deberían son los cajeros automáticos y servicios bancarios, los ordenadores personales, los teléfonos y equipos de televisión, los servicios de telefonía y audiovisuales, el transporte, los libros electrónicos y el comercio electrónico.
Atendiendo a las cifras demográficas, los actuales 80 millones de personas afectadas por algún grado de discapacidad, podrían alcanzar los 120 millones en el año 2020 debido al envejecimiento de la población de la UE. En este sentido, la accesibilidad es una de las condiciones fundamentales para favorecer la participación activa de estas personas en la sociedad. Asimismo, puede contribuir a garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, indica la Comisión.
Creación de empleo y crecimiento económico
¿De qué modo puede potenciar la Ley Europea de Accesibilidad la creación de empleo y crecimiento económico? En primer lugar, esta iniciativa generaría una mayor oportunidad de mercado para las empresas que desarrollan productos y servicios accesibles. En segundo lugar, mejoraría las oportunidades de formación e inserción laboral para las personas con discapacidad, acercándose a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Además, hay que tener en cuenta que, sumando todo lo anterior, el mercado laboral abriría las puertas a empleos relacionados con la accesibilidad, necesitando a expertos en este tema, que pudiera atender a una demanda creciente.
Este ha sido el caso de Estados Unidos, señala la UE, donde, como resultado de la implementación de obligaciones legislativas en este sentido, emergieron nuevas compañías, especialmente pyme, que contrataron a personas con discapacidad como expertos. Las grandes compañías también solicitaron candidatos con discapacidad que pudieran ofrecer su experiencia.
Respecto al crecimiento económico, éste es directamente proporcional al laboral. Es decir, el impacto en los presupuestos públicos sería positivo favoreciendo, no sólo la educación y contratación de personas con discapacidad, también alargando la vida laboral de las personas mayores, reduciendo la dependencia y presión sobre las pensiones y los presupuestos públicos.
A este respecto, Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado que "la discapacidad no debe ser una barrera para la plena participación en la sociedad, del mismo modo que el comercio transfronterizo de productos y servicios accesibles no debe verse entorpecido por la ausencia de una normativa común de la UE. Con esta ley queremos profundizar el mercado interior y aprovechar su potencial en beneficio de las empresas y de los ciudadanos con discapacidad. De hecho, esto puede ser beneficioso para todos".
Bruselas ha aprovechado la ocasión para recordar a los Estados miembro que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -ratidicada por la UE en 2011- contiene obligaciones en materia de accesibilidad. En la misma "se exige que las Partes, como la UE y los Estados miembros, adopten las medidas necesarias, incluida la legislación, para garantizar la accesibilidad". Sin una intervención de la UE, cada país de la Unión continuará adoptando legislaciones diferentes para cumplir sus obligaciones, lo que se traduce en una mayor fragmentación del mercado de la UE.
Todos los Estados miembros han firmado la Convención y veinticinco de ellos ya la han ratificado. Entre los rezagados se encuentran Irlanda, Países Bajos y Finlandia que, según dicen, están preparando su ratificación.
Con esta actuación, la UE puede prevenir esa fragmentación y crear más oportunidades de mercado para las empresas, reducir el coste de los productos y servicios accesibles y beneficiar a los presupuestos públicos a largo plazo, reduciendo la dependencia de las personas de edad avanzada y de las personas con discapacidad, insiste.
Transporte, servicios bancarios, sector digital
Como ya hemos citado anteriormente, esta nueva directiva en materia de accesibilidad debería favorecer diversos ámbitos ya tratados con anterioridad pero cuya satisfacción no ha podido ser atendida adecuadamente. Entre ellos se encuentra el sector transporte. La Comisión ha inisitido en el derecho de las personas con movilidad reducida y discapacidad a utilizar con plenas garantías los diversos modos de transporte.
Y no sólo por la accesibilidad física, los viajes, comenta la Comisión, comienzar por un fácil acceso a la realización de reservas a través de las páginas web o las máquinas expendedoras de billetes.
Con los servicios bancarios sucede los mismo. La directiva obligaría a establecer todos los medios posibles que garanticen a una persona con discapacidad a gestionar con plena autonomía sus actividades bancarias. La daptación de cajeros automáticos sería un buen paso adelante. ¿Cómo? Desde cascos para que personas ciegas y con discapacidad visual puedan seguir las instrucciones, hasta señales visuales para personas con discapacidad auditiva, pasando por indicaciones auditivas que favorecieran la comprensión de los pasos a seguir para personas mayores y para personas con discapacidad intelectual.
Asimismo, las entidades bancarias deberían prestar más atención a sus páginas web introduciendo, por ejemplo, dibujos descriptivos y texto accesible.
Las nuevas tecnologías digitales nos rodean, principalmente en las comunicaciones, por ello, esta propuesta de ley también incide en la importancia de este sector, favoreciendo a las personas con discapacidad una mayor autonomía en su vida diaria y en la toma de decisiones.
Desde mandos para la televisión hasta la programación de productos electrónicos, todo debería ser accesible: teclados táctiles, lectores, subtítulos, lengua de signos, descripción de imágenes...Y así llegamos a la telefonía inteligente. Las garantías que deberían curir los smartphones para las personas con discapacidad sería una combinación de voz, texto y elementos que permitieran traducir en sistema de voz la comunicación de personas con discapacidad auditiva, pero que también pudieran ser utilizados por todas las personas que se encontraran, por ejemplo, en un entorno ruidoso o en zonas en las que no fuera posible hablar por teléfono.
Las páginas web han de ser, considera Bruselas, plenamente accesibles y no sólo en lo que al texto se refiere. Los contenidos debería ayudar a las personas con discapacidad intelectual siguiendo una estructura lógica que favoreciera la navegación por los diversos enlaces, y facilitando la información mediante la descripción de imágenes y la separación del contenido de la estructura. Esto permitiría, a su vez, la adquisición de productos y servicios online o la realización de transacciones financieras.
Si la propuesta de ley sale adelante, las legislaciones nacionales de los Estados miembro deberán adaptarse en un plazo máximo de dos años tras su entrada en vigor, pudiendo ampliar el periodo a cuatro años. Conclusión: en un máximo de seis años será aplicada en todos los Estados miembro.
Nathalie Domínguez
