Cáritas Diocesana de Tenerife y Cáritas Diocesana de Canarias reclamaron este viernes al Gobierno canario "mayor respeto y atención" hacia las personas en situación de exclusión social, ya que "las instituciones tienen la obligación de velar por el bienestar de la sociedad", porque "han sido elegidos para ello".
Así lo manifestaron ambas organizaciones en un comunicado, en el que indican, ante la decisión del Gobierno de Canarias de dotar a Cáritas Tenerife de más fondos para las personas en situación de exclusión social, que la atención de las personas que viven situaciones de pobreza es "obligación" de los representantes del pueblo, que han sido elegidos, entre otras cosas, para ello.
Además, señalan que los miembros de los parlamentos nacionales y autonómicos, los ediles y consejeros de los diferentes gobiernos tienen "la responsabilidad y la obligación" de velar por el bienestar de la sociedad. "No es una opción, sino un deber que asumen al responsabilizarse de gestionar las políticas sociales y económicas del país", manifiestan.
Las dos entidades canarias también denuncian que el mismo Parlamento de Canarias, que rechazó el 'Plan de choque contra la pobreza" propuesto por Cáritas hace unas semanas, ahora insta al Gobierno autonómico a dotar de más fondos a las ONG, después de que "nos hayamos visto obligadas a cerrar programas y proyectos, despedir a los trabajadores y a romper con los procesos médicos y terapéuticos que estábamos llevando a cabo en ciertos pacientes".
Por ello, lo que Cáritas demanda es que la Administración garantice los derechos de la ciudadanía y colabore con las organizaciones para establecer planes que terminen con la pobreza y con la exclusión social.
"La dignidad de las personas no es temporal ni circunstancial y ha de ser el sentido y el norte de todas las acciones políticas en materia de exclusión social", concluyeron.
Servimedia