Un estudio de KPMG revela que un 37% de las empresas ha cancelado proyectos “no esenciales” y el 34%, contrataciones
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Casi un 60% de las empresas ha aplicado algún tipo de Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para aliviar costes por la parálisis del negocio con las restricciones del Covid-19 y otro 60% ya proyecta bajar o congelar remuneraciones, principalmente a escala del Consejo y alta directiva, pero no exclusivamente.
Son algunas de las principales conclusiones del informe ‘Conversaciones: Remuneraciones y el Covid-19’ realizado por KPMG en España en base a 131 entrevistas y encuestas durante el mes de mayo a responsables de compensación, de recursos humanos y miembros del Consejo de Administración de diferentes compañías, 30% de ellas cotizadas.
El estudio revela, en concreto, que el 20% de las empresas ha aplicado un ERTE por causas económicas, técnicas u operativas, un 19% de fuerza mayor por las restricciones ligadas al Covid-19 y otro 19% de reducción de jornada, mientras que la otra casi mitad asegura estar priorizando el mantenimiento del empleo frente a la crisis.
Un 50% de los directivos constata que sus empresas han pagado las retribuciones variables correspondientes a 2019 ya que se correspondían con resultados ya conseguidos, sin embargo, a futuro abundan los que esperan un ajuste salarial.
Casi el 60% de las empresas cree que tendrá que bajar o congelar las remuneraciones de consejeros, altos directivos y puede que empleados, frente a sólo el 4% que espera aumentarlas en algunos niveles en ese periodo de tiempo.
En la encuesta un 37% de las compañías confiesa que ha cancelado proyectos no esenciales, un 34% lo ha hecho con contrataciones y promociones, el 32% con incrementos salariales y un 27% ha modificado condiciones de trabajo.
Otro 27% ha anticipado vacaciones y el 21% ya ha ajustado remuneraciones de consejeros y altos directivos, mientras que un 18% ha cancelado contratos con subcontratistas. Sólo un 31% de los encuestados reportan haber mantenido el negocio ordinario y, por tanto, las remuneraciones de sus empleados.
A pesar de la proliferación de los ERTE para ajustar costes sin aplicar despidos, un 27% de las compañías asegura que ha complementado los salarios de sus colaboradores y el 37% lo ha hecho en su integridad.
Según la directora del área de compensación general, de consejeros y de directivos de KPMG Abogados, Mónica San Nicolás, el estudio revela que hay una “importante incertidumbre en las compañías que impide trabajar con cierta anticipación sobre los temas” y que el tema de las remuneraciones “será uno de los protagonistas de la mesa de los Consejos de Administración los próximos seis meses”.
Ante las posibles necesidades de liquidez y la incertidumbre en la recuperación de la demanda, algunas compañías optan por la congelación salarial y los ajustes discrecionales en varios elementos retributivos como medida para preservar la liquidez a futuro.
Así, un 37% de las compañías asegura que en los próximos meses se seguirán congelando los incrementos salariales de toda la plantilla, el 18% considera que no se llevarán a cabo más ajustes a la baja para ningún nivel de la organización y el 14% prevé que se producirá una reducción de la compensación total en general para toda la plantilla.
En la mayoría de los casos el ajuste lo proyectan en la retribución variable anual devengada para 2020 para empleados y consejeros debido a la dificultad para conseguir los objetivos de negocio, situación que reportan el 34% de las compañías.
Otro 24%, sin embargo, habla de mantener sus sistemas para motivar a los directivos y empleados de cara a la salida de la crisis, y un 23% está persuadida de que se va a retrasar o modificar la consecución de objetivos.
Si bien un 47% asegura no estar pensando cambiar sus esquemas de incentivos a largo plazo, KPMG desvela en el estudio que la situación creada por el Covid-19 “ha dado lugar a muchas preguntas sobre qué hacer con estos sistemas” ya que las decisiones que adopten hoy serán escrutadas por los inversores dentro de un año.
El estudio también revela que la pandemia sorprendió al 68% de las empresas sin una política formal de teletrabajo y del 26% que sí la tenía, prácticamente el 60% ha tenido que modificarla porque posiblemente estaba pensada para otras circunstancias.
