Castilla y León aprueba por unanimidad la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, reconoció que se trata de unos objetivos "tremendamente" ambiciosos y que, por eso, "exige el compromiso de toda la sociedad (las administraciones públicas, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto)".

Ante un buen número de representantes de asociaciones del sector de la discapacidad agrupadas en el Cermi, que siguieron el debate sobre la ley desde la tribuna del Parlamento autonómico, Marcos destacó que Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cuenta con una norma "integral" y que "incluye los preceptos y principios de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU", lo que además supone "un gran avance en el desarrollo del Estatuto de Autonomía" porque defiende el "respeto a la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad" y busca su "normalización a través de la igualdad de oportunidades y la no discriminación".

Así, se centra en garantizar que este colectivo puede ejercer sus derechos igual que el resto de ciudadanos en todos los ámbitos, con especial atención a las personas que viven en el medio rural y "teniendo en cuenta a sus familias y su entorno", para lo que "apuesta por la igualdad, el empleo, la discriminación positiva y la transversalidad", además de por ofrecer una "atención individualizada" a las personas con discapacidad y por dar participación a sus representantes.

La consejera de Familia incidió en que esa atención individualizada partirá de "una valoración ajustada de las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta además a su familia y su entorno", y que se da una gran importancia a las figuras del gestor de casos y del asistente personal.

Además, señaló que la ley incluye "medidas concretas" para lograr esa inclusión normalizada no sólo dentro de los servicios sociales, sino en ámbitos como la salud, la educación y la formación, la cultura, el transporte y muy especialmente en el empleo, donde fija que se va a desarrollar un programa integral para impulsar la empleabilidad de este colectivo.

En cuanto a la transversalidad, Marcos desatacó que la norma aprobada hoy alude a una futura Ley de Accesibilidad y prevé desarrollar medidas para sensibilizar a la población sobre la situación de este colectivo.

Todo ello será posible, remarcó la consejera de Familia, gracias a que determina "un régimen claro de financiación" para su desarrollo, con 155 millones de euros al año "de impacto inicial" a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad, y a que Castilla y León cuenta con un buen "punto de partida" para desarrollar su plan estratégico por su "importante red de recursos" a disposición de las personas con discapacidad, con 15.000 plazas a 31 de diciembre de 2012, 3.000 más que en 2007, en 331 centros residenciales y 185 centros de día atendidos por más de 5.000 profesionales.

La titular de Familia también agradeció las aportaciones al texto de la ley de todos los grupos de la Cámara y muy especialmente del Cermi, del que dijo que sin ellos "este texto no estaría hoy aquí", y de ahí que su participación en la implantación de las medidas previstas por la ley y en la prestación de servicios a las personas con discapacidad se haya considerado "imprescindible".

Para hacerlo efectivo, resaltó que se crearán órganos de consulta de las políticas que se desarrollen en esta área, como el Consejo Autonómico de la Discapacidad, con el que se comprometió a que la Administración tendrá "una interlocución permanente".

Marcos concluyó recordando que esta ley era "muy demandada" por el sector y que la Junta, "comprometida con las personas y familias, y preocupada por quien más le necesita", la ha hecho "proyectada por las personas con discapacidad y para ellas", "avanzando con sensatez y paso firme para garantizar el bienestar de los ciudadanos, incluso en momentos tan difíciles".

POSICIONES DE LOS GRUPOS

Tras la aprobación por unanimidad del anteproyecto de ley, los representantes de los tres grupos políticos subieron al estado para explicar su voto, incidiendo todos en el consenso alcanzado para hacer "la mejor ley posible" para defender los derechos de las personas con discapacidad y agradeciendo las aportaciones del Cermi.

En nombre del PP, la procuradora María Luisa Álvarez Quiñones destacó que la Junta se comprometió al principio de esta legislatura a aprobar esta norma, pero que quería hacerlo con consenso porque "la discapacidad no entiende de colores políticos" y que, tras meses de trabajo, los tres grupos han logrado "un consenso cerrado y absolutamente sensible" con las necesidades de este colectivo, y hacer una ley que calificó de "necesidad social y ética".

Por su parte, el procurador socialista Jorge Félix Alonso explicó que su grupo ha pasado de presentar una enmienda a la totalidad al texto inicial planteado por la Junta el año pasado a darle su apoyo porque en el proceso de tramitación de la ley se ha producido "un cambio sustancial" gracias a la inclusión de una partida presupuestaria, la "transformación de inconcreciones en compromisos concretos", la fijación de plazos para el desarrollo de las medidas incluidas en la misma, la creación de un órgano de participación para dar voz a las asociaciones del sector y a las mejoras para evitar que "supusiera un retroceso sobre la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas".

Alonso advirtió al Gobierno regional de que "para que la ley sirva para el objetivo que se ha creado es necesario que la Junta desarrolle sus contenidos" y que el PSOE vigilará que así sea, además de instar a la Junta a recuperar algunas ayudas que se han suprimido a este colectivo en los últimos tiempos.

Por último, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), aseguró que esta ley era "súper necesaria" para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, aunque recordó que para que sea efectiva debe contar con "financiación suficiente".

UNA LEY "PIONERA" Y "AMBICIOSA"

El presidente nacional del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, alabó hoy la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad aprobada por las Cortes de Castilla y León con apoyo de todos los grupos políticos, texto que calificó de "pionero" y que demuestra a su juicio la apuesta de la Comunidad por los derechos de este colectivo, cuando "la mayoría de los gobiernos europeos y autonómicos están usando la crisis como coartada para no luchar a favor de la discapacidad".

Pérez Bueno realizó estas declaraciones tras mantener una reunión en el Parlamento autonómico, junto a los representantes regionales de la organización, con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al que trasladó que el Cermi va a poner esta norma como ejemplo de "buena práctica" ante otras comunidades autónomas, para que "se pongan las pilas" a la hora de defender los derechos de este colectivo.

Además, resaltó que esta "ambiciosa" ley va en la línea de lo establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dijo que estarán vigilantes para que no se quede solo en algo "nominal que queda muy bonito", sino que se desarrolle plenamente.

El presidente de Cermi explicó que Herrera le pidió que traslade al Gobierno español, a otras comunidades autónomas y a las autoridades europeas que, para poder aplicar leyes sociales como ésta, "se necesitan recursos", por lo que es necesario limitar la actual política centrada en la contención del gasto y empezar a incentivar la actividad económica.

Servimedia