"Los trámites administrativos ya están cerrados". Así lo ha comunicado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, haciendo referencia al Anteproyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad.
Ahora, señala la Junta castellano leonesa 
en su nota de prensa, el texto será remitido al Consejo Económico y Social y al Consejo Consultivo, como pasos previos para que el Consejo de Gobierno lo envíe a las Cortes de Castilla y León, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, en el mes de julio.
El documento normativo, cuyos 77 artículos han sido consensuados con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi ), forma parte de uno de los compromisos del Gobierno autonómico para esta legislatura en cuanto a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
La Junta señala que, con estas medidas, "más de 161.000 personas con discapacidad residentes en la región -el 6,3% de la población castellana y leonesa-, sus familias y aquellas personas en riesgo de padecerla, dispondrán de un 'estatuto jurídico' propio que garantice una real igualdad de oportunidades, la efectividad de sus derechos y deberes, así como la máxima autonomía personal a lo largo de todo su ciclo vital y, en consecuencia, una mayor calidad de vida".
Estrategia, planificación y coordinación
La principal ventaja de esta ley, apunta la Junta, es que "se logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social".
Ello será posible gracias a una intervención estratégica en dos ejes. Por un lado, la lucha contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, el seguimiento de una política transversal en materia de discapacidad, que llegue a nueve áreas de la Administración Autonómica: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente. Y todo ello seguido de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y un Plan Regional de Accesibilidad, que orientará los programas y actuaciones de la Junta y de las entidades locales.
El objetivo que persigue la futura Ley, explica la Junta, es "proporcionar a las personas con discapacidad un sistema de apoyos, medios y condiciones necesarios para su pleno desarrollo personal a lo largo de su ciclo vital -prevención, educación, empleo, integración social-, y por facilitarles el ejercicio de su poder de decisión y su participación activa en la vida de la comunidad".
El gobierno regional destaca que el prisma bajo el que se ha contemplado este anteproyecto de ley "está basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de participación y de promoción de la autonomía personal, además de la transversalidad, la inclusión y la responsabilidad pública". Por lo que no se trata de elaborar nuevos derechos, sino de "garantizar un proyecto de vida que implique el máximo grado de autonomía personal, su integración sociolaboral y su participación en la sociedad".
El éxito de respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad está garantizado siempre y cuando se actúe de manera coordinada "tanto en el ámbito estatal y autonómico, como en el provincial y en el local, donde jueguen un papel decisivo los servicios sociales, la sanidad, la educación, el empleo, la cultura, el ocio y el deporte".
Medidas contempladas en la Ley
Tal y como se menciona al principio, el anteproyecto contempla medidas contra la discriminación y actuaciones positivas tanto en el ámbito de la salud, la formación, el empleo o los servicios sociales, como en materia de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación. En su nota de prensa, la Junta de Castilla y León ha explicado cada una de ellas:
En el sector sanitario, la ley contempla, por una parte, una atención integrada de carácter social y sanitario para las personas con discapacidad. Por otra, el establecimiento de programas de prevención destinadas a la detección precoz de las situaciones que comportan discapacidades, así como a asegurar la asistencia, especialmente en el medio rural.
En cuanto a la educación, el anteproyecto potenciará la integración en todas las etapas educativas, la promoción de la Formación Profesional, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios universitarios y el asesoramiento a las familias del alumnado con discapacidad. Asimismo, se contempla la formación específica que favorezca el desarrollo de las habilidades y capacidades que mejoren la calidad de vida, la autonomía personal, la participación y el desarrollo en el entorno familiar y comunitario. Todo ello acompañado de mecanismos para una transición adecuada entre las diversas etapas y niveles educativos, así como entre enseñanzas de formación profesional y acceso al empleo.
Respecto a este último, el empleo, la Junta tiene prevista la elaboración de un programa integral que contemple el acceso al empleo principalmente ordinario, y también al protegido, con especial atención a la orientación, intermediación y apoyo para el autoempleo y desarrollo de proyectos empresariales. Los planes de igualdad en las empresas, las medidas de fomento especialmente dirigidas a las pyme, así como la orientación, formación y apoyo para el empleo, se suman a las medidas.
Las personas con discapacidad, establece el anteproyecto, podrán participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de los servicios sociales, pudiendo adoptar sus propias decisiones y hacer un seguimiento de las actuaciones que les afecten. El nuevo texto garantizará en este sentido una atención personalizada mediante la valoración del conjunto de las necesidades que presente y la planificación de caso e individualización de la intervención.
En cuanto a los menores con discapacidad o con riesgo de padecerla contarán con servicios de atención temprana en todas sus vertientes de prevención, detección precoz, diagnóstico y la atención. Las personas con discapacidad sobrevenida y las familias y personas cuidadoras recibirán apoyo, y se impulsarán medidas de conciliación familiar en el caso en el que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.
Con el fin de garantizar una decuada cobertura de las necesidades personales básicas, promover su autonomía y bienestar, y asegurar el derecho a vivir dignamente, la ley contempla la concesión de prestaciones materiales y productos de apoyo para las personas con discapacidad y sus familias, como complementos y soporte a las prestaciones de servicio, orientadas a mejorar la accesibilidad, autonomía personal y la adaptabilidad del entorno.
Muchas medidas no sirven de nada sin un adecuado programa de información y sensibilización. Por ello, la Junta propone el desarrollo de diversas actividades dirigidas a la transformación cultural del conjunto de la sociedad castellana y leonesa en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Se luchará contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias, y se promoverá la igualdad de las personas con discapacidad en los medios de comunicación social.
Asimismo, la política de gestión integral de la accesibilidad universal comprenderá la accesibilidad en el entorno (regulando expresamente la utilización de animales de asistencia y de terapia), en la vivienda, en el transporte, la comunicación, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
La participación y la planificación son otras medidas incluídas en la ley. En cuanto a la primera, se persigue la participación de la iniciativa social en las políticas para las personas con discapacidad, así como la de la iniciativa privada en la gestión y provisión de prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.
En cuanto a la segunda, contempla una planificación específica para desarrollar, de una forma organizada las actuaciones, mediante un "Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León", además de un "Plan Regional de Accesibilidad Universal", concluye la Junta.
Nathalie Domínguez
Fuente: Junta Castilla y León
