El Cermi aboga por una Convención de la discapacidad real y efectiva

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que, organizada por el Cermi con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa , acogerá hasta mañana un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.

Asimismo, Pérez Bueno se ha referido a la Convención de la ONU como “el gran hecho social, político y normativo, con más alcance en materia de discapacidad”, así como que ha señalado sus avances, pero también sus resistencias a lo largo de los cinco años desde su implantación.

Por su parte, el director general del Imserso , César Antón, se ha referido a la Convención como “ambiciosa e importante”, así como a sus avances y retos a los que hay que enfrentarse. “Hay que seguir avanzando, pero hay que sentirse orgullosos por el ejemplo de España de ir siempre de la mano del movimiento asociativo para un desarrollo pleno de la Convención”. Además, Antón no sólo ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno en este sentido, sino también de la propia sociedad y de las propias personas para crear esta sensibilización.

Además, el presidente de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA ) y del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF ), Yannis Vardakastanis, ha advertido sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y sus familias en el contexto de crisis actual, y, en este sentido, ha subrayado que “no permitiremos que los Gobiernos usen la crisis como una coartada para los recortes sociales y el incumplimiento de la normativa”.

Para el director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Javier Ansuátegui, los derechos de las personas con discapacidad es un tema “muy relevante” en la teoría de los derechos humanos, y ha apuntado a que tiene, por un lado un interés teórico, y, por otro, práctico o político, ya que, según ha indicado, obliga a reformular el discurso tradicional sobre el sujeto de los derechos y definirá un nuevo modelo de sociedad.

BALANCE GLOBAL

Distintos expertos internacionales de diferentes ámbitos han realizado un balance general acerca del nivel de desarrollo de la Convención y del grado de cumplimiento por parte de los Estados firmantes, al mismo tiempo que han reflexionado sobre los principales obstáculos y desafíos que plantea el Tratado internacional.

Así, el director de la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), Stefan Trömel, ha subrayado los avances logrados en los cinco años de vigencia de la Convención, como “referente universal” para los distintos estados. Así, ha señalado a países como Japón en los que se aprueba legislación sobre no discriminación; aquéllos como Kenia en los que hay cambios en la propia Constitución; otros como Australia en los que se da una mayor atención a las personas con discapacidad en la Cooperación Internacional; o el caso de Serbia o Bulgaria donde hay nuevas leyes relativas a la asistencia personal, entre otros ejemplos.

En este sentido, ha subrayado el papel tan “importante” que ha adquirido el propio sector de la discapacidad en todos esos avances, al mismo tiempo que también ha reconocido, además de los avances, que siguen existiendo muchas barreras, las cuales, según ha expuesto, se ven agravadas por el impacto de la crisis.

Por otra parte, ha destacado el impacto de la Convención en Naciones Unidas, como la creación de un fondo específico para promover una mayor transversalidad; en la Unión Europea, como es el caso de los Fondos Estructurales; o en las propias organizaciones de la discapacidad. También  ha llamado la atención sobre cómo la Convención ha conseguido implantar los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de los derechos humanos.

Damjan Tatic, miembro del Comité para la Convención de la ONU, ha hablado del cambio de paradigma que supone la Convención de la ONU, de las nuevas leyes que se aprueban en sintonía con ella, y, sobre todo, ha apostado por el control internacional para el seguimiento de la aplicación de la Convención, de la mano de las entidades de la discapacidad.

Por su parte, Torcuato Recover, miembro del Comité Ejecutivo del Cermi y coordinador de la Red de Juristas de Feaps , ha  coincidido con Damjan Tatic en que la Convención supone un cambio de paradigma, pero no sólo en la normativa, sino que, para él, éste existe en las mentalidades, en la toma de conciencia de este modelo social.

Por último, el presidente de la Red de Organizaciones Árabes de Personas con Discapacidad (ADOP), Nawaf Kabara, en relación al mundo árabe, ha alertado sobre las políticas de discapacidad basadas en el asistencialismo, y no desde el punto de vista de derechos humanos; al mismo tiempo que ha resaltado el activismo de países como Túnez y Egipto para asegurar la causa de la discapacidad y que ésta no sea abandonada. Además, en su opinión, se necesita el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos para lograrlo.

LIBERTAD DE ELECCIÓN Y UNA COMUNIDAD INCLUSIVA

Diane Richler, en representación de Inclusion International, ha abordado el artículo 19 de la Convención desde la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Así, ha analizado la elección, el apoyo y la inclusión como elementos relevantes que recoge el contenido del artículo para el efectivo ejercicio de los derechos de estas personas. 

Es una de las conclusiones de la mesa redonda ‘Vida independiente e inclusión en la comunidad’, celebrada durante la Conferencia Internacional ‘2008-2013: Cinco años de vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, que, organizada por el CERMI con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y Obra Social Fundación La Caixa, acogerá hasta mañana un intenso temario ofrecido por expertos en materia de discapacidad y jurídica.

El objetivo de esta mesa redonda ha sido analizar los contenidos del derecho a la vida independiente y ser incluido en la comunidad, contemplado en el artículo 19 de la Convención de la ONU, “clave” en la estructura de este Tratado.

Además, las personas expertas que han participado en la mesa han debatido acerca de las medidas y actuaciones necesarias para potenciar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad y su plena y efectiva participación en la sociedad, sobre el papel de las Administraciones Públicas y el diseño de servicios públicos adecuados para lograr este objetivo. 

Así, Diane Richler, en relación a la elección, al apoyo y a la inclusión, ha destacado cómo el artículo 19 de la Convención garantiza la capacidad de elegir el lugar de residencia de las personas con discapacidad, tanto dónde como con quién, en igualdad de condiciones que los demás. En este sentido, sin embargo, según ha denunciado, se comprueba que las personas con discapacidad intelectual no tienen mucha libertad de elección, y son las instituciones las que se encargan de sus derechos.

Con respecto al apoyo, el artículo indica las personas con discapacidad tengan acceso a variedad de servicios, como asistencia domiciliara o empleo con apoyo, y su inclusión en la comunidad para evitar su aislamiento. Según ha alertado Richler, para que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho a vivir en la comunidad, no sólo ellos necesitan apoyos, sino también sus familias (compensación por los costos de la discapacidad o descansos ocasionales), ya que el apoyo procede fundamentalmente de ellas.

En relación a la inclusión, la Convención establece la adaptación de las comunidades a todas las personas, lo cual significa que las comunidades deben cambiar para la verdadera participación de personas con discapacidad. Para Richler, la inclusión exige una transformación de las comunidades para que sean acogedoras y accesibles para todos.

En este sentido,  según las quejas recibidas en Inclusion International, se destacó  la  falta de educación inclusiva y de empleo y esto, ha alertado, hace imposible hacer real el artículo 19. Es decir, los sistemas comunitarios lo que hacen es excluir a las personas con discapacidad intelectual, ha señalado.

Por último, Richler ha concluido que, a pesar de estar lejos de lograr aplicar el artículo 19 de la Convención, hay que brindar el apoyo a las personas con discapacidad intelectual para que hablen por si mismos; evitar que se creen nuevos centros de grandes dimensiones para acoger a estas personas; eliminar los incentivos para la institucionalización; brindar más apoyos a  las personas con discapacidad y sus familias; brindar más apoyo a los autogestores y a las organizaciones de familias; organizar campañas públicas para reducir la estigmatización y los prejuicios y cambiar actitudes; así como construir comunidades inclusivas.

Para la profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Mª Carmen Barranco, la implementación del artículo 19 en España “se vería mejorada” mediante la profesionalización de los cuidados, con ayudas a la accesibilidad, la preparación para la vida independiente de las niñas y niños con discapacidad, así como que la posibilidad de optar a centros residenciales se deba a la propia elección de las personas con discapacidad.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Personas con Discapacidad Física, Miguel Ángel García Oca, ha apuntado que lo importante y necesario es un cambio social para que la gente tome conciencia de que, en relación a la vida independiente y a la participación en la comunidad, “se habla de derechos y no de asignación de recursos para una determinada atención”.

Por último, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, ha hablado del modelo de vida independiente de la Comunidad de Madrid se ha mantenido, a pesar de las dificultades económicas, el cual, según ha asegurado, se ha desarrollado gracias  a la colaboración de las organizaciones de la discapacidad, que “es lo que hace posible que funcione”. También ha mostrado su apuesta por el apoyo al empleo para personas con discapacidad.

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