El Cermi analiza el impacto de la reforma de las políticas de empleo en las personas con discapacidad

Esta norma incluye una serie de medidas dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y mejorar el acceso a la financiación, así como fomentar la empleabilidad y la ocupación, al tiempo que se avanzan algunas medidas de la reforma fiscal.

Según el informe del Cermi, las personas con discapacidad “no están ausentes en esta importante ley” y “son protagonistas” en dos de sus medidas, como la Iniciativa  de Empleo Juvenil y la Estrategia Española de Activación para el Empleo, lo cual fue planteado por el Cermi al Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con respecto al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuya finalidad principal es que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas-, destaca la singularidad de la edad de acceso por las personas con discapacidad, que se amplía hasta los menores de 30 años para aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Además, también hay un reconocimiento “muy importante” relativo a la transversalidad de la discapacidad en el acceso a los programas formativos y al empleo de jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o protegido. Asimismo, se permite el acceso no telemático a este sistema para estas personas.

También se ha establecido una nueva bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de la cual podrán beneficiarse las personas con discapacidad menores de 30 años y el importe de la bonificación es de 300 euros al mes con una duración de seis meses, y con la obligación de mantener un contrato indefinido inicialmente pactado.

Este nuevo incentivo, expone el informe del Comité, no deroga el régimen de incentivos previsto en el caso de la contratación indefinida o temporal de trabajadores con discapacidad, siempre y cuando el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo.

Otras bonificaciones de las que pueden beneficiarse los inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se dan, por un lado, en la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa (durante 12 meses del 100% de la cuota empresarial), o en el contrato en prácticas (se eleva al 100% para menores de 25 años, o menores de 30 si son trabajadores con discapacidad).

También se otorgan en el contrato para la formación y aprendizaje, donde, en el plazo de un mes, se aumentarán las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales de la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a dicho contrato, y donde se introducirá una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje.

En el caso de las prácticas curriculares externas realizadas por estudiantes universitarios y de formación profesional, tendrá una bonificación del 100% en la cotización de la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.

Con respecto a la Estrategia Española de Activación para el Empleo, el informe resalta una serie de modificaciones en la Ley que la regula y que la articula en una serie de ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los Servicios Públicos de Empleo, poniendo énfasis en las personas con discapacidad como colectivo prioritario.

Estos ejes son el de orientación; formación; emprendimiento; mejora del marco institucional; o el de oportunidades de empleo, cuyas actuaciones están dirigidas, especialmente, para aquellos colectivos con mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de personas con discapacidad, entre otros.

Además, el Cermi indica en su informe que uno de los artículos de la Ley de Empleo regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, en el que se hace especial referencia a programas específicos destinados a fomentar el empleo de personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo; otro establece la aplicación en todo el Estado de medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad; y, en el caso del artículo que regula las Agencias de colocación, obliga al cumplimiento de normas de Accesibilidad Universal y a la garantía del principio de igualdad en el acceso al empleo.

Redacción