El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha elaborado un Informe urgente sobre las referencias a la discapacidad y la dependencia en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 (salvo medidas fiscales), para analizar aquellos aspectos que afectan directamente a estos sectores.
Por una parte, en cuanto al análisis del texto articulado del Proyecto de Ley, en relación al empleo, el Cermi indica que no se modifican ni se suprimen ayudas o bonificaciones por la contratación de personas con discapacidad. Por lo que, se mantienen como hasta ahora, incluidas las relativas a contratos temporales de fomento de empleo, en cualquier empresa (incluidos los CEE).
En cuanto a las pensiones, el informe indica que se incrementan en un 1% todas ellas (Sistema de Seguridad Social y Clases Pasivas), lo cual afecta a las pensiones de invalidez contributivas y no contributivas. En el caso de la pensión de orfandad en el Régimen de Clases Pasivas, señala que el Gobierno aún no ha comunicado su decisión sobre si finalmente revalorizará o no las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC.
En relación a las prestaciones familiares de la Seguridad Social, se han incrementando también un 1% las que afectan a los hijos mayores de 18 años y con una discapacidad en un grado superior al 65%, así como el subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte; mientras que se mantiene congelada la prestación en el caso del hijo menor con grado de discapacidad inferior al 65%.
Asimismo, en cuanto a los subsidios económicos de la Lismi, se mantienen congeladas las ayudas de esta Ley, es decir, el subsidio de garantía de ingresos mínimos a 149,86 euros al mes; y el de ayuda de terceras personas a 58,45 euros al mes.
En materia de dependencia, el informe del Cermi concluye que se suspende durante el año 2013 el sistema de cooperación entre las administraciones para el desarrollo del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
Esto es, la fijación del nivel de protección a través de los convenios entre la Administración General del Estado y la administración de cada una de las Comunidades Autónomas; la competencia del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD relativa a acordar el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de esta Ley; todo el marco de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas; y la obligación del Estado, para favorecer la implantación progresiva del Sistema, de establecer anualmente en sus Presupuestos, los créditos para la celebración de los convenios con las administraciones de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el Cermi analiza, a través de su informe, los “grandes” recortes en el presupuesto de gasto. En este sentido, examina, primero, la partida destinada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la cual, a pesar de contar con un incremento del 28,6%, si se excluyen las aportaciones a la Seguridad Social y las obligaciones de ejercicios anteriores, el presupuesto baja en un 22,6% con respecto a 2012, frente a un descenso medio del presupuesto de 2013 para los ministerios del 8,9%.
Según apunta el Comité, esas “aportaciones a la Seguridad Social” no son otras que el pago de la deuda de 1.034 millones contraída en los años anteriores por el imago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
Por ello, explica, ese descenso real del 22,6% en el año 2013, “es superior (casi el doble en términos relativos) y adicional al que ya sufrió el presupuesto del Ministerio en 2012, en relación al presupuestado en 2011, que fue descenso de un 13,7%”.
En relación al año 2011, el informe expone que el presupuesto de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha descendido un 17,83%. Y, en líneas generales, el presupuesto del Imserso (de la Seguridad Social) ha sufrido un importante recorte en 2013 en relación al presupuestado el año 2012: el 33,7%; y las partidas para prestaciones dirigidas a personas con discapacidad han descendido un 7,73%.
En lo que respecta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social , al igual que en el presupuesto de 2012, en el de este año no figura un concepto finalista para ayudas y subvenciones para la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, tal y como existía en el presupuesto de 2011 (253 millones de euros).
Además, en el proyecto de presupuesto del 2013 existen varias partidas genéricas, una de ellas llamada ‘Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades’, con una dotación de 233 millones de euros, “algo superior a la consignada en 2012 (210 millones)”, donde “previsiblemente” se incluyen dichas ayudas.
“Es previsible que siga habiendo problemas de financiación de estas ayudas, en el que se incluye la ayuda salarial, aunque si existe presión del movimiento asociativo podrá haber transferencias entre partidas de las políticas activas que palien este problema”, concluye el informe.
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