El Comité Ejecutivo de Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi Cantabria 
) ha trasladado al presidente del Parlamento de Cantabria , José Antonio Cagigas, la “necesidad” de impulsar una Comisión Parlamentaria sobre Discapacidad que dé respuesta a los planteamientos de desarrollo normativo y de acción política planteados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el encuentro, el presidente del Cermi Cantabria, Roberto Álvarez, afirmó que uno de los objetivos la entidad que representa “es generar compromisos de trabajo que posibiliten que la acción política y el desarrollo normativo en materia de discapacidad se realicen con arreglo a la Convención Internacional”.
La Comisión sobre Discapacidad, según trasladó al presidente del Parlamento cántabro, “sería una herramienta vital en la que se podrían trabajar de forma consensuada aspectos como la futura Ley de Adaptación Normativa del Gobierno de Cantabria, dar cumplimiento y hacer seguimiento de la implantación de la Convención, a la vez que se realiza el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad y participación efectiva en el plano normativo”.
En este sentido, el Comité Autonómico recordó la ratificación por parte de España del texto de la Convención de la ONU el 3 de mayo de 2008, que supone la aplicación de este instrumento jurídico internacional en nuestro país, así como la entrada en vigor el pasado 2 de agosto de 2011 de la Ley de Adaptación Normativa a la Convención de la ONU del Gobierno central.
Según el Cermi Cantabria, “el propósito de la Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad”.
En este sentido, continuó, “cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación”.
“La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad”, concluyó.
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