Medida que, a su juicio, lleva cinco años de demora
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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió este martes en el Congreso de los Diputados la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2015 para reformar la Ley de la Dependencia y acabar con el “copago confiscatorio” que dicha norma impone a los usuarios del sistema.
Manifestó que esta es “ya la tercera vez” que interviene en comisión para defender la toma en consideración de esta ILP, que aunque fue admitida a trámite las dos veces anteriores, “decayó a causa de la inestabilidad política e institucional”. En su opinión, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector” de la discapacidad y la dependencia, por lo que “esperamos que esta sea la definitiva”. Por eso, el presidente del Cermi pidió el respaldo de todos los grupos de la Cámara a la ILP, que en su día apoyaron casi 740.000 personas.
A su juicio, la generalización del copago entre los usuarios del sistema de dependencia provoca que, en la práctica, no se asegure “el ejercicio y la garantía del derecho, sino la compra del derecho”; “expulsa a parte de los usuarios que no lo pueden asumir; desincentiva la autonomía económica, pues “cuanto más tienes, más pagas”; “en épocas de crisis empuja a las administraciones a hacer recaer la financiación del sistema en los beneficiarios”, y “genera graves diferencias de trato entre territorios”. Además, prosiguió, “el copago en dependencia irradió a otros servicios y prestaciones sociales, que no tenían copago o lo tenían en menor proporción”.
Por todo ello, pidió reformar la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para introducir “una serie de criterios comunes en la determinación de la capacidad económica y la participación en el coste de los servicios de las personas “iguales y vinculantes para todas las administraciones”, que después se deberán regular mediante desarrollo reglamentario y podrán ser mejorados por las comunidades autónomas, “con miras a la gratuidad total”.
Entre estos criterios, Luis Cayo Pérez Bueno propuso dejar exentas de todo copago a aquellas personas o familias cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros); que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio; que, una vez descontados todos los pagos, el beneficiario pueda disponer siempre de al menos el 40% del Iprem como ‘dinero de bolsillo’, y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.
El presidente de Cermi consideró que con la inclusión de estas modificaciones se podría poner fin a uno de los aspectos “más controvertidos y conflictivos de la Ley de Dependencia”, que “ha lastrado el sistema desde que nació, hace casi 15 años”. Por todo ello, reclamó “el respaldo unánime” a la toma en consideración de la proposición de ley, con independencia de que “se pueda debatir y mejorar a lo largo del trámite parlamentario”.
RESPALDO PARLAMENTARIO
Todos los grupos parlamentarios se mostraron favorables a la admisión a trámite de la propuesta y comprometieron su apoyo al texto, dada la urgencia de atender a tantas personas perjudicadas.
La diputada del PNV Josune Gorospe defendió una mayor evaluación del sistema y lamentó la falta de datos al respecto, mientras que el responsable de Ciudadanos, Guillermo Díaz, quiso saber si existe algún riesgo de que, pese a los criterios propuestos en la ILP, pueda haber algún colectivo que quede fuera. Concep Cañadell, de Junts per Catalunya, se interesó sobre la opinión del Cermi respecto a posibles vías de financiación del modelo, en la misma línea que Francesc Eritja, de ERC, quien criticó la desatención por parte del Estado.
Rosa María Medel, de Unidas Podemos, coincidió con los grupos de izquierda en abogar por la gratuidad total del sistema y en criticar la falta de inversión durante estos años.
A su vez, el portavoz de Vox, Juan Luis Steegmann, criticó la descoordinación entre comunidades autónomas y la existencia de 17 modelos; la diputada del PP Alicia García lamentó que la Ley de Dependencia naciera sin memoria económica y sin las debidas previsiones presupuestarias, y la del PSOE Carmen Andrés achacó los problemas de financiación a los recortes de 2012.
INFRAFINANCIACIÓN
En su intervención, Pérez Bueno subrayó que las personas con discapacidad disponen, por lo general, de menos ingresos y, además, han de hacer frente a una serie de gastos extra “precisamente por razón de su discapacidad”.
Criticó también los retrasos en el pago de las prestaciones de dependencia ya reconocidas, y se preguntó qué ocurriría si más de 300.000 personas con derecho a una pensión dejasen de cobrarla.
En su opinión, “gran parte” de todos estos problemas se deben a la falta de financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), una “evidencia que no se puede discutir”.
Apuntó que la ley ya nació con ciertas carencias, pero que las posteriores crisis y la manera en que “se decidió abordarlas” aumentaron el déficit del sistema. Además, resaltó que el gasto social en España es muy inferior al de la UE y pidió “un incremento importante de la inversión social durante los próximos 10 años, hasta acercarnos a la media europea”.
Por otro lado, instó a actualizar el catálogo de prestaciones del SAAD para desarrollar en mayor medida la asistencia personal, que es la prestación que más fomenta la autonomía y que está muy por debajo del 1% de los servicios concedidos.
También reclamó que cuando a una persona se le reconozca una situación de dependencia se le conceda de forma automática un grado mínimo de discapacidad del 33%. “No todas las personas con discapacidad son dependientes, pero todas las personas en situación de dependencia sí tienen discapacidad”, subrayó.
Explicó que en la actualidad existen tres modelos relacionados con sus tres baremos y sus tribunales distintos: el de discapacidad, el de dependencia y el de incapacitación profesional de la Seguridad Social. En su opinión, los tres modelos deberían simplificarse y coordinarse para que “una persona que ha sufrido un accidente laboral no tenga que pasar por tres evaluaciones diferentes”. Se trata de que “las administraciones se adapten a la lógica de las personas”, propuso.
El presidente del Cermi indicó que solo el 20% de las personas en situación de dependencia tienen reconocido el 33% de discapacidad. “El resto son lógicamente personas mayores que han llegado a ser dependientes por su edad”, prosiguió, pero “no tiene ningún sentido que no se les reconozca como persona con discapacidad”.
Según el presidente del Cermi, el copago ha sido “uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores” para el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que ha provocado “una sensación generalizada de fracaso del sistema y de profunda decepción”.
Aclaró que en su momento lo aceptaron por la “importancia” de que la ley saliese adelante en 2006, porque “reconocer la atención a la dependencia como un derecho subjetivo fue algo histórico”.
“En un mundo ideal, nuestro objetivo sería la gratuidad total del sistema”, admitió, pero “somos conscientes de que en los momentos actuales, las personas que puedan tendrán que pagar una parte. Lo único que pedimos es que sean solo aquellas personas que puedan hacerlo, y que no se deje a nadie fuera, como sucede ahora”, declaró.
