El Cermi denuncia las restricciones de la renta activa de inserción para personas con discapacidad

En este sentido, el Cermi solicita a la Defensora del Pueblo que inste al Gobierno que efectúe la modificación del artículo del Real Decreto que regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, con el objetivo de mantener las medidas de acción positiva que existían respecto de las personas con discapacidad.

Según el Comité, este Real Decreto no tiene en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y debe ser modificada, ya que, continúa, a partir de su modificación se han cambiado las condiciones de acceso a la renta activa de inserción para personas con discapacidad al eliminarse una medida de acción positiva.

Previamente, el Real Decreto establecía que para ser beneficiario de la renta activa de inserción, éste debía haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, excepto en el caso en que se tratara de una persona con discapacidad.

Tras la modificación, se ha suprimido esta excepción, por lo que las personas con discapacidad también deben, para beneficiarse de esta ayuda, acreditar que han agotado las prestaciones de desempleo.

Para el Cermi, esto “perjudica gravemente a las personas con discapacidad que sufren una discriminación estructural del mercado de trabajo y que, de acuerdo, a esta nueva regulación tendrán más dificultades para acceder a la renta activa de inserción como medida activa a favor del empleo”.

“Esta medida nos parece injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad, muchísimas de las cuales no llegan a acceder a un empleo que genere prestaciones de desempleo, ya que se ha suprimido una medida positiva dirigida a superar las desventajas de dichas personas en el mercado de trabajo”, apunta la entidad en el escrito.

Según el último informe del INE sobre empleo de personas con discapacidad (diciembre 2011), en 2010 la tasa de actividad laboral (trabajan o buscan activamente trabajo) de personas con discapacidad era del 36,2% y sólo de un 30% en el caso de los mayores de 44 años; mientras que la tasa de actividad de las personas sin discapacidad alcanzaba el 75,9%. Asimismo, la tasa de empleo (personas que trabajan) de las personas con discapacidad era del 27,7%, mientras que la de las personas sin discapacidad era del 60,6%.

Además, las tasas de actividad y empleo de las personas con discapacidad, son  relativamente más bajas y netamente peores en el caso de las mujeres; la tasa de paro de larga duración es superior (57% frente al 21%); y la calidad del empleo también es menor en el colectivo con discapacidad, cuyos empleos se concentran en el tramo de empleo no cualificado.

Así, el Cermi opina que ante esta desventajosa situación, los poderes públicos y el Gobierno deben adoptar medidas positivas para corregir estas desventajas y discriminaciones y, así garantizar la plena igualdad por razón de, entre otros motivos, la discapacidad, tal y como establece la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

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