El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha trasladado, entre otras propuestas, a la nueva secretaria general de Universidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , María Amparo Camarero, que se eleve del 2% actual al 3% la reserva de becas de formación universitaria para estudiantes con discapacidad, con el objetivo de favorecer el acceso de estas personas a la docencia universitaria y seguir avanzando en la inclusión educativa de los estudiantes universitarios con discapacidad.
Además del aumento del 1% de reserva, el Comité también solicita que se abra a todas las personas con discapacidad a partir del 33% del grado de discapacidad, que, según explica, es el límite de discapacidad con reconocimiento legal en España, y no el vigente, que es del 65%, que deja a muchas personas con discapacidad sin la oportunidad de solicitar estas becas.
“El umbral del 33% es el general establecido en todos los ámbitos, incluido el laboral, para acceder a los derechos y prestaciones que dispensan las Administraciones Públicas a las personas con discapacidad, por lo que pedimos su equiparación en este régimen de becas”, expone.
En relación a la fecha de finalización de los estudios que dan acceso a los estudios de Master o al período docente o formativo de Doctorado, el Cermi plantea que las personas con discapacidad tengan un estatuto “especial”, “más amplio y flexible”, para desarrollar una carrera profesional en análogas condiciones de tiempo a las personas sin discapacidad.
Asimismo, recuerda que esta excepcionalidad que plantea ya se contempla para los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o Psicología que están en posesión del título o Certificado Oficial de Especialidad o para las personas que se hayan dedicado a la atención o cuidado de hijos menores de seis años.
El movimiento asociativo también persigue rebajar el déficit de profesorado universitario con discapacidad que tiene el sistema universitario español, ya que, según destaca en la carta, las personas con discapacidad sufren “agudas” desventajas que arrastran al tener que enfrentarse a las múltiples barreras de un entorno que las excluye “severamente” del acceso normalizado a la docencia universitaria.
Así, el Cermi propone aplicar medidas de acción positiva, con el objetivo de ofrecer más apoyos a aquellas personas que más las pueden necesitar, que, además, cuentan con un “amplio” apoyo jurídico en la legislación española, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de la Personas con Discapacidad (LIONDAU) o la propia Ley Orgánica de Universidades.
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