El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) pidió este martes a Consuelo Rumí, secretaria de Estado para la Función Pública, el impulso de nuevas medidas que aceleren el acceso al empleo público de personas con discapacidad, iniciado en 2004.
En la reunión con Rumí, celebrada en la sede del Comité, Luis Cayo Pérez Bueno, ha hecho un balance positivo de la reforma normativa llevada a cabo en 2004, año en que se aprobó el primer real decreto regulador de acceso al empleo público de personas con discapacidad porque "supuso un punto de inflexión importante hacia el cumplimiento de la cuota de reserva a favor de este grupo social en la Administración General del Estado".
Sin embargo, pese a la evolución positiva de los datos de empleo, el Cermi ha planteado a la secretaria de Estado "la adopción de nuevas medidas de reactivación, para que este proceso de creciente incorporación de empleados públicos con discapacidad sea irreversible".
"Lo que corresponde ahora es diseñar el proceso para seleccionar a las personas con discapacidad intelectual que se presenten al turno reservado establecido para este segmento de la discapacidad, un dos por ciento, del siete por ciento total que corresponde a personas con discapacidad", sostiene este comité.
En materia de relaciones de las Administraciones con los ciudadanos con discapacidad, el Cermi recordó la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos pendientes del reglamento de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación aprobado en 2007, que establecía que antes de diciembre de 2012, "el Gobierno ha de disponer la relación de oficinas de atención al ciudadano que han de cumplir en esa fecha todos los requisitos de accesibilidad contenidos en la normativa de desarrollo de la Ley 51/2003 (Liondau).
En la citada reunión con Consuelo Rumí, el Cermi se refirió también a las obligaciones legales de accesibilidad que pesan sobre la Administración electrónica y sobre las páginas web públicas.
Finalmente, el Cermi instó a la secretaria de Estado que se extiendan al régimen de clases pasivas las ventajas logradas en los últimos años en el régimen general de la Seguridad Social a favor de las personas con discapacidad y sus familias.
Fuente: Servimedia
