El PP ha presentado en el Congreso una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley que modificará varias normas para adaptarlas a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por entender que la iniciativa del Gobierno "se queda corta" y que puede lograrse otra "más ambiciosa" que acabe, por ejemplo, con el pago de peaje por parte de los ciudadanos con discapacidad.
Aunque el proyecto de ley "no nos parece mal, sí consideramos que se queda corto", explicó a Servimedia Francisco Vañó, portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
El Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 3 de diciembre, y prevé, entre otras medidas, el aumento del 5% al 7% en la reserva pública de empleo para ciudadanos con discapacidad.
Esta misma semana ha concluido el plazo de presentación de enmiendas y tras él, sus once artículos y tres disposiciones finales se enfrentan a un buen número de modificaciones parciales y a una a la totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En su texto alternativo, el PP recoge, como reconoció Vañó, algunas de las propuestas que hace el Gobierno en su iniciativa, otras formuladas por los populares y varias más impulsadas por el sector de las personas con discapacidad.
Entre estas variaciones, el Grupo Popular incluye una que apuesta por que los titulares de tarjeta de estacionamiento de vehículo para personas con movilidad reducida no paguen peaje, ya que, argumenta, encuentran todavía muchas barreras en el transporte público y se ven obligados a utilizar el privado.
Dentro de este mismo ámbito, el texto alternativo presentado por el Grupo Popular aboga por castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en zonas reservadas para personas con discapacidad sin ser titulares de este privilegio. A su parecer, esta actuación debe tipificarse como "infracción grave".
Por otra parte, el PP quiere que la futura norma obligue al Gobierno a remitir a las Cortes un informe anual sobre el grado de inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad, ya que, recuerda, no existen datos actualizados en la Encuesta de Población Activa ni en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) sobre el empleo de las personas con discapacidad.
En la misma línea, los populares se proponen que el texto que salga del Parlamento mande al Ejecutivo remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Promoción de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, consensuado con las organizaciones representativas de la discapacidad y los interlocutores sociales.
Con éstas y otras aportaciones más, el Grupo Popular considera que la adaptación normativa española a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad será "más ambiciosa" y resultará más completa.
Fuente: Servimedia
