El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha instado al Gobierno, a través de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social , a que regule reglamentariamente "con urgencia" la asimilación legal de las personas con capacidad intelectual límite a las personas con un grado de discapacidad igual al 33% a efectos de acceso al mercado de trabajo y consecución de un empleo.
Según explica el Cermi, esta asimilación quedó establecida hace más de un año en la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU, "sin que hasta el momento el Gobierno haya dado ningún paso en promover la regulación reglamentaria de este precepto a la que está obligado por norma legal".
En este sentido, el texto reconoce unas medidas a favor de las personas con capacidad intelectual límite, en virtud de las cuales, el Gobierno -en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad y en el plazo de doce meses- presentará medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%.
Así, reglamentariamente, según establece la Ley, el Gobierno determinaría el grado mínimo de discapacidad necesario para que opere esta aplicación.
Para el Cermi, a pesar de que el plazo legal de un año se ha superado "con creces", no consta ninguna actividad del Gobierno en este sentido, por lo que el incumplimiento "es más que evidente".
Además, el comité hizo llegar al Ejecutivo a comienzos de 2012 una propuesta de desarrollo reglamentario de este mandato legal, pero no ha recibido ninguna respuesta por los ministerios competentes.
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