El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI 
) ha trasladado a la directora general de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Cristina Pérez Prat, la propuesta del cambio normativo para regular el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Con el objetivo de mejorar aspectos de esta reglamentación, que, según el CERMI, "se han visto necesarios a la luz de la experiencia adquirida en su más de seis años de aplicación", el Comité pide que esta propuesta sea examinada y así, poder tener culminada la modificación normativa antes del 3 de diciembre de 2011, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, plantea, por una parte, que el Real Decreto, en relación a su ámbito de aplicación y principios inspiradores, haga referencia y se extienda a las personas con cualquier tipo de discapacidad, y no se limite exclusivamente a las personas con un grado reconocido de discapacidad del 33%.
En cuanto a la reserva de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, conforme al Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pide que se reserve un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
“Esta reserva se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto, para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”, propone.
En relación a las convocatorias ordinarias con reserva de plazas para personas con discapacidad, el CERMI considera que "si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad, no alcanzan la tasa del 4% de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 7% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%".
Según el CERMI, "se elevan los porcentajes con el fin de ir avanzando más deprisa en el objetivo de llegar al 2% de empleados públicos con discapacidad".
Para la reserva de plazas en promoción interna a cuerpos, escalas o categorías de la Administración General del Estado, el CERMI opina que deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. De esta manera, se eleva el cupo en promoción interna para adecuarlo a la elevación del cupo de acceso.
También hace referencia al personal temporal e interino y a la constitución de bolsas de trabajo e indica también que "se reservará un cupo no inferior al 7% de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre personas con discapacidad", por lo que "las plazas del cupo reservado que queden vacantes se acumularán a las libres".
En cuanto a la adaptación de los puestos, el CERMI señala que "no deben limitarse a los que se cubran mediante pruebas de nuevo ingreso, provisión o promoción interna, sino que también debe extenderse a la cobertura de puestos temporales o interinos".
Por otro lado, el Comité también expone una serie de propuestas en relación a al Orden por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público para personas con discapacidad. En este sentido, hace referencia a los beneficiarios de estas medidas y pide suprimir la referencia exclusiva a las personas con discapacidad con un grado reconocido de discapacidad del 33%.
Por último, con carácter general, pide sustituir el término "minusvalía" por "discapacidad" y propone también incluir una mención a la "enfermedad mental", "hasta ahora inexistente", dándole, así, el mismo tratamiento que el "retraso mental ligero", en la relación de discapacidades que dan lugar a la asignación de tiempos suplementarios, de la tabla titulada "Adaptaciones de tiempo según deficiencias y grado de discapacidad para ejercicio cuya duración sea de 60 minutos".
Fuente: Servimedia
