El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) y de la Fundación Derecho y Discapacidad , Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido que una posible reforma constitucional incluya la discapacidad. Según ha afirmado, las personas con discapacidad y sus familias “nos reconocemos y nos identificamos en esta España Constitucional, pero vemos ciertas insuficiencias en la aplicación de la Constitución del 78”.
Así lo ha manifestado durante el acto de apertura de la jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma’, organizada por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, y celebrada hoy en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia .
Para él, los mandatos de la Constitución “no se han aplicado con la intensidad y alcance necesario a las personas con discapacidad”, ya que “tenemos graves carencias”, que se ponen de manifiesto en datos de la Fiscalía General del Estado, que muestran que “más de 80.000 personas con discapacidad están privadas del derecho de sufragio; al mismo tiempo que existen internamientos en instituciones dictados por el Tribunal Constitucional; o niñas y niños con discapacidad obligados a ir a escuelas especiales”.
“Sabemos que es necesario un entorno favorable para una reforma constitucional y creemos en muchos de sus aspectos, pero, a veces, tenemos que superarnos, ya que no vemos cumplida la Constitución en materia de discapacidad”, ha señalado. Así, ha agregado, con una reforma constitucional en clave de discapacidad y de sus derechos, la Carta Magna sería “mejor, mayor, amplia y acogedora”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Benigno Pendás, ha pedido hacer una reflexión sobre la propuesta de reforma constitucional en materia de discapacidad, ya que ésta depende de un consenso y de una situación económica, social y política “favorable” para ello, que plantee “un sentido de la oportunidad”.
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Arturo García-Tizón, ha asegurado que nuestro sistema jurídico nos sitúa en un “país avanzado” en el tratamiento de la discapacidad, por lo que, para él, estamos en un “buen camino” para ampliar este sistema de protección. En este sentido, ha apuntado que una posible reforma constitucional en materia de discapacidad ayudará a la clase política y a la sociedad en general para acertar en las “mejores soluciones” para hacer “efectivas” la igualdad de oportunidades y la no discriminación”.
Por último, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , Ignacio Tremiño, ha hecho un repaso por la legislación española en materia de discapacidad y, en cuanto a la Constitución de 78, ha hecho referencia a los artículos que afectan a las personas con discapacidad. Así, ha indicado que la institución “debe velar” por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, como “personas titulares de derechos”. Por ello, ha expuesto el compromiso del Gobierno en una nueva Ley General de la Discapacidad, la cual se centrará en hacer efectivos sus derechos, a la luz de la Constitución Española y de la Convención de la ONU.
ESTATUTO DE LA DISCAPACIDAD EN LA CONSTITUCIÓN
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid , Santiago Muñoz Machado, para quien es “ambicioso” afirmar que hay un estatuto de la discapacidad en la Constitución, ha incidido, fundamentalmente, en la distinción de derechos sociales y fundamentales, la cual, ha admitido, no distingue bien la Constitución, por lo que, para él, en este punto “se abre un camino” para las conquistas del sector de la discapacidad “muy importante”.
Así lo ha destacado al referirse a una posible reforma constitucional, para lo que, en su opinión, esa diferenciación “obliga a una reclasificación general de los derechos de las personas con discapacidad”, en general, y a “revisar la falta de especialización que los derechos sociales tienen en la Constitución”, en particular.
En este sentido, ha destacado el carácter prestacional que se otorga a los derechos sociales en la Constitución y ha apuntado que estos derechos, que requieren la acción del Estado, “deben ser reconsiderados”, en contraposición con los fundamentales, que son los mismos derechos para todos los ciudadanos y, por tanto, “derechos exigibles, que no requiere la imposición del legislador en todos los casos”.
Por ello, según ha concluido, como una reforma de la Constitución “no está programada por ahora”, “lo viable” es tratar de renovar la interpretación constitucional que hasta ahora se ha mantenido, ya que ésta viene de una formulación que dicta que los derechos se han formado por generaciones civiles, políticas y sociales. Para él, esta separación estricta de los derechos “no tiene sentido” en la actualidad.
MARGEN DE MEJORA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Según el director de los Servicios Jurídicos del Cermi, Miguel Ángel Cabra de Luna, y miembro del Comité Económico y Social de la UE y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, existe “margen de mejora importante” para la posible reforma de la Constitución española en materia de discapacidad, pero mientras “hay que sacar partido al marco jurídico existente, que está infrautilizado” y “hacer que las leyes se cumplan y sean efectivas”. Así lo ha señalado en la ponencia ‘El reconocimiento jurídico de la discapacidad en los tratados de la Unión Europea’, enmarcada en esta jornada.
En el plano europeo, ha asegurado también que hay margen para un “mayor y mejor” reconocimiento jurídico de la discapacidad en los tratados de la UE, ya que, para él, “no ha habido un interés en unificar el concepto de la discapacidad de la UE”. Y, además, ha hecho referencia a los casos de Alemania, Austria y Finlandia como países en los que, a través de disposiciones constitucionales recientes, se incluyen menciones “más específicas” a la discapacidad. En su opinión, estas iniciativas “confirman la tendencia general hacia el modelo de igualdad de oportunidades”.
Para el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, la Convención de la ONU ha ofrecido una nueva visión sobre la discapacidad, como es la existencia de dos modelos, el social y el de diversidad. En este sentido, destaca en ella un “discurso más fuerte”, ya que sitúa a la discapacidad en el discurso de los derechos, y no de las prestaciones.
Además, en su opinión, la reforma de la Constitución en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de la Convención y atender, por un lado, la inclusión en cuanto al artículo 14; y, por otro, con respecto al artículo 49, una reformulación en cuanto a su terminología, como “igual capacidad”, “autonomía personal”, “atención a las situaciones de dependencia”, “accesibilidad universal”, “ajustes razonables”, “derecho al uso de medidas de apoyo”, o “lenguaje de signos”. Asimismo, ha llamado la atención sobre la “necesaria” separación de los conceptos de dignidad y de capacidad, que “son un lastre”.
En relación al principio de igualdad, Jesús López-Medel, abogado del Estado y miembro de la Fundación Aequitas y de la Fundación CGAE, ha señalado el que se recoge en la Constitución Española y ha animado a “lograr la transversalidad del planteamiento de igualdad hacia una especial atención y sensibilidad para los colectivos con necesidades especiales”.
En este sentido, ha hablado de una vinculación de este derecho al principio de Justicia; a su presencia en un país social y democrático y en una sociedad “avanzada”; a la implantación de medidas de protección o discriminación positiva; al concepto de dignidad, que supone la ausencia de discriminación y una protección efectiva; o al concepto de capacidad.
Por su parte, el profesor titular del Filosofía de Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis Martínez-Pujalte, ha apelado a la obligación de los poderes públicos para desarrollar políticas de derechos fundamentales, con el objetivo de promover las condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva. En este sentido, ha incidido en que “lo que no pueden hacer los poderes públicos es adoptar disposiciones legislativas que corten la libertad de las personas”.
También ha afirmado que “no es estrictamente necesario” reformar la Constitución para mejorar el tratamiento de la discapacidad, aunque “sí que puede ser conveniente”.
Por otra parte, el ex secretario general técnico de los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Política Social e Igualdad, Luis Villameriel, ha planteado cómo es el Estado quien tiene la competencia en materia de discapacidad, pero son las Comunidades Autónomas las que “hacen el grueso” de la política prestacional, contando así con la potencia de la asistencia social. En este sentido, ha manifestado que, para él, el Estado debería actuar y decidir en esta materia junto con las propias Comunidades Autonómicas y que este concepto “no tenga una lectura tan autonómica”.
En cuanto a la visión del Parlamento en esta materia,el portavoz del Grupo Popular en la Comisión No Permanente para Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Francisco Vañó; y la portavoz adjunta del Grupo socialista en la Comisión Constitucional, Susana Sumelzo, han coincidido en la idea de que lo “importante” es mantener los logros sociales conquistados, así como en la idea de que si se llega a reformar la Constitución Española en materia de discapacidad, se debe hacer desde un consenso “político y social”, y desde una “profunda” reflexión.
Por último, Enrique Belda, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en relación a la lengua de signos, ha su reforma sería por procedimiento agravado, lo que, para él, es “complicado” la utilización de este procedimiento en España.
La jornada ‘La Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma', organizada por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, reunirá a lo largo del día de hoy a expertos constitucionalistas del mundo académico e investigador, a dirigentes políticos de distintas formaciones y a activistas de la discapacidad, que reflexionarán sobre todos los aspectos de la discapacidad en el vigente texto constitucional, para acabar planteando ideas de por donde debería ir una posible reforma en este ámbito.
Servimedia
