El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI 
) ha propuesto que los empresarios que cometan una infracción grave o muy grave, tipificadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en materia de empleo y de protección por desempleo, pierdan las bonificaciones derivadas de los programas de empleo.
Esta es la principal propuesta que el CERMI ha dirigido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social con mejoras en relación a la discapacidad al anteproyecto de Ley por el que se modifica la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En este sentido, el CERMI recuerda que las empresas de más de 50 trabajadores deben contratar un 2% de trabajadores con discapacidad o a aplicar las medidas alternativas; su incumplimiento está tipificado como infracción grave y lleva aparejada una sanción que oscila entre los 626 € y los 6.250 €. Sin embargo, muchas empresas no se ven realmente obligadas a cumplirlo ya que el importe de la sanción es mucho menor que los costes que le puede suponer efectuar las contrataciones laborales o cumplir con las medidas alternativas.
Puesto que para el CERMI, "la infracción y sanción por estos incumplimientos carece de efectos disuasorios", propone esta modificación para que "la infracción grave conlleve la pérdida automáticamente de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción".
Así mismo, esto supondría la exclusión del acceso a tales beneficios por un período máximo de un año y el empresario estaría obligado a "devolver las cantidades obtenidas indebidamente y las no aplicadas o aplicadas incorrectamente".
Fuente: Servimedia
