El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) plantea como reto del próximo decenio incorporar al menos 250.000 personas con discapacidad a un trabajo estable y digno para fortalecer los recursos de la Seguridad Social y garantizar que la protección social llegue a todos por igual, independientemente de su trayectoria laboral.
Así lo manifiesta en una entrevista en el portal 65ymás el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien entiende que con esta medida se generarían nuevos recursos que podrían costear las prestaciones públicas para quienes no pudieron trabajar o no completaron una carrera de cotización suficiente para obtener una pensión contributiva.
Pérez Bueno lamenta que la protección social por edad o discapacidad en forma de prestaciones públicas, como las pensiones, “no esté garantizada ni siquiera para quienes han trabajado y cotizado largos periodos de tiempo”. Asimismo, incide en la situación de precariedad de aquellas personas con discapacidad a las que “la exclusión laboral forzosa les ha apartado del mundo productivo, de la autonomía económica”.
“La agenda política y social de la discapacidad, y de la edad avanzada, es ingente, pues las carencias son todavía de dimensiones colosales. Puede y debe hacerse mucho”, expresa el presidente del Cermi. Ante esta situación, la entidad propone nuevos modelos que den respuesta a las necesidades, demandas y preferencias de las personas con discapacidad y mayores.
En este sentido, se considera prioritario potenciar la autonomía personal y se exige a las instituciones más medios para poner a disposición de las personas mayores y con discapacidad. En opinión de Pérez Bueno, España no destaca en la aplicación de dispositivos públicos de protección social en cuanto a autonomía personal se refiere, “ni por intensidad de recursos ni por haber instaurado un modelo promotor”.
Aun así, pese al escenario descrito, el presidente del Cermi destaca que frente a otros países de Europa “nos favorece un hecho cualitativo, cultural, que es el arraigo en nuestro país del deseo, de la preferencia, de permanecer en el propio entorno, y de rehusar fórmulas habitacionales que no son inclusivas”. “El peso de la institucionalización -vivir en establecimientos colectivos concebidos ex profeso para personas con discapacidad o mayores- es bajo en comparación con otros países”, puntualiza.
Estos y otros temas se profundizarán el próximo mes de octubre en el I Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal, Discapacidad Física y Orgánica, Envejecimiento y Cronicidad, organizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), donde se abordará con todos los agentes sociales implicados el derecho de todas las personas con discapacidad física y orgánica a ejercer su autonomía personal para hacer efectiva su plena inclusión en la sociedad y en condiciones de igualdad.
