Que compense el sobrecoste derivado de ella
Redacción
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) plantea que la reforma fiscal considere a la discapacidad como situación de especial protección y que tenga en consideración, a la hora de incorporar y modificar medidas de índole tributaria, la menor capacidad económica, y por tanto contributiva, de estas personas y sus familias.
Así lo manifiesta la plataforma representativa de la discapacidad en un documento que ha elaborado junto a la Fundación Derecho y Discapacidad, en el que exponen propuestas en materia de fiscalidad de las personas con discapacidad y sus familias para su consideración ante la próxima reforma tributaria.
Según ambas entidades, la fiscalidad tiene ahora la “oportunidad de mostrar su lado más justo o equitativo” teniendo en cuenta las características y necesidades de las personas con discapacidad o de las organizaciones surgidas para “darles respaldo y promover y favorecer su inclusión social”. Además, recuerdan que, aunque la situación de la fiscalidad del colectivo ha mejorado, “es necesario seguir proponiendo medidas de mejora”.
En este sentido, y como una de las ideas básicas, destacan el desarrollo del Derecho fiscal de la discapacidad, un Derecho especial que, desde fundamentos propios, “impulse un desarrollo efectivo y estable de las medidas fiscales compensatorias que requiere el sobrecoste derivado de la discapacidad”.
Precisamente, según explica el Cermi, el hecho de que las personas con discapacidad asuman unos costes extraordinarios en su vida diaria, “hace que disminuyan sus condiciones y su calidad de vida”. A esto hay que añadir que las oportunidades laborales de las personas con discapacidad son más reducidas, y con menores salarios, cuando las tienen, “lo que suele traducirse en unos ingresos promedio menores”.
Por ello, para el movimiento social de la discapacidad, estas personas se encuentran una situación de desigualdad, lo que les coloca en una posición económica inferior al resto.
Además, desde Cermi aseguran que “una sociedad inclusiva necesita que todas las personas participen de ella, siendo necesario una mejora de su situación económica, para poder optar así a una vida independiente en igualdad de oportunidades.
Por último, manifiestan que no puede obviarse que las personas en situación de discapacidad necesitan aumentar su poder adquisitivo y para ello apelan al papel de la fiscalidad que debe ser “crucial”.
