Mercancías y capitales tienen menos restricciones que el colectivo
Redacción
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó a la Unión Europea una regulación lo más amplia y exigente de la Tarjeta Europea de la Discapacidad, “una iniciativa normativa largamente demandada y planteada por el movimiento europeo y nacional de la discapacidad, en especial, desde España”, manifestaron.
Tal y como explicó el movimiento Cermi, este documento “debe permitir que las personas con discapacidad disfruten en igualdad de condiciones de la libre circulación de personas, uno de los elementos esenciales de la Unión Europea”. “Hasta ahora, las mercancías y los capitales tienen mayores garantías para su libertad de circulación dentro de la Unión Europea, que las personas con discapacidad”, aseguraron en este sentido, por lo que solicitaron que en su diseño se tengan en cuenta distintos elementos.
En primer lugar, aludieron a que su regulación se efectúe a través de Reglamento de la Unión Europea, máximo rango normativo de las disposiciones del territorio; así como a que se realice de acuerdo con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se refirieron, por un lado, a la no discriminación de las personas con discapacidad, que “solo pueden disfrutar de la libre circulación de personas si existe el pleno reconocimiento de la condición de discapacidad en todos los países miembro”; y, por otro, al reconocimiento mutuo de la Tarjeta Europea de Discapacidad entre los Estados miembro, “sin necesidad de procedimientos de homologación que supongan cargas añadidas, dilaciones innecesarias o inseguridad jurídica”, declararon.
Además, defendieron que la nueva tarjeta debe permitir que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los bienes, productos, servicios y prestaciones del Mercado Único y de los poderes públicos, de la propia unión y de los Estados miembros, lo que debe aplicar “sin ninguna restricción a proveedores públicos y a proveedores privados”.
El Movimiento destacó también la garantía de accesibilidad universal para estos bienes, productos y servicios, y abogaron por que permita a las personas con discapacidad el uso y disfrute de los mismos recursos, “lo que incluye prestaciones personales, económicas y productos de apoyo necesarios para su autonomía personal que en su país de origen”.
En cuanto a las ayudas públicas, exigieron que se permita el mismo acceso a prestaciones por razón discapacidad que los nacionales del país de la Unión Europea donde se resida. En esta misma línea, debe permitir disfrutar del mismo tratamiento e iguales beneficios fiscales que en su país de origen.
Además, la Tarjeta Europea deberá incluir estatutos preferentes para el disfrute de bienes, productos y servicios a las personas con discapacidad en mayor riesgo de exclusión, atendiendo a factores de intersección con la discapacidad”; así como para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y abuso y maltrato, “dispensando una atención urgente para las víctimas o personas más expuestas, de modo que se actúe preventivamente”, enfatizaron.
En relación al soporte, el Movimiento defendió que este debe ser material y digital y, en ambos casos, universalmente accesible y sin coste. Además, apostaron por que las instituciones europeas y cada uno de los Estados Miembro difundan información sobre este documento de forma permanente.
El Movimiento Cermi también aludió a que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad participen en el proceso de desarrollo, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación; así como a la necesidad de que el reglamento regulador se adopte “en el menor tiempo posible”.
Por último, pusieron de manifiesto la necesidad de que se constituya una autoridad “destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa relacionada con la implantación, seguimiento y evaluación de la Tarjeta Europea de Discapacidad”.
