Cuando hacemos referencia a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pensamos en un colectivo variado, con varios tipos y grados de discapacidad. Pero, ¿dónde empieza el grado de discapacidad mínimo y dónde el de la inteligencia límite? Y sobre todo, ¿cómo afecta este reconocimiento a la regulación laboral?
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) se ha planteado esta cuestión que ya lleva varios años sobre las mesas de diálogo. Ahora, tal y como informa el propio Comité en su nota de prensa, ha pedido al Gobierno "que regule la asimilación de las personas con inteligencia límite al grado mínimo de discapacidad del 33% a efectos de su inclusión laboral, como dispone la Ley 26/2011, de 1 de agosto".
Esta disposición legal, indica el Cermi, procedió a equiparar a las personas con inteligencia límite, a efectos sólo de su inclusión laboral, al grado mínimo de discapacidad, el 33%. Al tratarse de una discapacidad oficial, este colectivo puede acceder a las mismas medidas de acción positiva que el resto de las personas con discapacidad.
Sin embargo, apunta el Cermi, con arreglo al baremo vigente, las personas con inteligencia límite no suelen alcanzar el 33% de grado de discapacidad quedando así al margen de las ayudas existentes para las personas con discapacidad en el campo del empleo. El resultado es el de siempre: elevado riesgo de exclusión sociolaboral.
Para el Cermi, ya ha llegado la hora en la que el Gobierno debe aprobar una norma reglamentaria que determine exactamente "a partir de qué grado de discapacidad reconocido oficialmente -siempre menor del general del 33%- operará la asimilación legal para que las personas con inteligencia límite puedan acceder a los beneficios y apoyos para el empleo existentes para todas las personas con discapacidad".
Nathalie Domínguez
Fuente: Cermi
