El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha elaborado un documento de propuestas sobre grandes compromisos electorales dirigidas a las formaciones políticas para que se incluyan en la agenda política del Gobierno en materia de discapacidad, de cara a la próxima legislatura 2011-2015, en el marco de las elecciones del 20 de noviembre de 2011.
En este sentido, el Comité pide una mayor presencia de la discapacidad en la agenda política del país, que “debe tener como primer reflejo la incorporación, en puestos de salida, de candidatos y candidatas con discapacidad en las listas electorales que confeccionen y presenten las formaciones políticas”, indica.
Asimismo, plantea que debe ir acompañado de potenciar el diálogo civil y la participación efectiva en las políticas públicas del movimiento asociativo; e insta a los poderes públicos a preservar y mantener el nivel de derechos, conquistas sociales y apoyos obtenidos para las personas con discapacidad e incrementarlo con políticas y legislaciones “enérgicas” de inclusión, teniendo en cuenta que la crisis económica y de empleo actual tiene un mayor impacto, “si cabe”, en las personas con discapacidad y sus familias.
El Cermi recuerda que, más que el desempleo, “el gran problema en relación con el empleo es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%”. “De cada 10 personas con discapacidad en edad laboral, apenas 4 están activas”, añade. En este sentido, demanda la aprobación de una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente nuevas bases para la empleabilidad y la activación de este grupo de población”.
Además, considera que la respuesta a las necesidades sociales debe ser en clave de derechos para avanzar política y legislativamente. Así, propone que España debe plantearse la promulgación de una Ley de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, que establezca la obligación de contar con los dispositivos y recursos apropiados para asegurar unas condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad.
Por otro lado, llama la atención sobre abordar la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos, plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, propone que en la próxima legislatura “habrá que aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes normativos a la Convención, que comprendan esferas como la igual capacidad jurídica, las leyes civiles, el código penal o la legislación educativa, entre otras”.
También pide que las legislaciones, las políticas, las estrategias y la acción política en materia de discapacidad deben incorporar “plenamente” el enfoque inclusivo, garantizando que se materialice su derecho a ser incluidos en la comunidad y a disfrutar de una vida independiente.
Otra de las propuestas es la relacionada con el Acceso Universal a derechos, entornos, bienes, servicios y productos y marca el año 2020 como “horizonte temporal para lograr una España libre de barreras”.
En cuanto a la dependencia y la discapacidad, el Cermi manifiesta que, el acento que se ha puesto en los últimos años en la dependencia en España, ha desdibujado y debilitado las políticas específicas de la discapacidad, sobre todo, en las Comunidades Autónomas. Así, aclara que la discapacidad tiene “identidad propia” y “precisa de políticas y dispositivos concebidos expresamente para esta realidad”.
En relación a los efectos de la crisis en la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad y de todo el Tercer Sector, el Cermi demanda para la próxima legislatura la aprobación de una Ley de Promoción del Tercer Sector Social, de la que España carece.
También plantea la coordinación socio-sanitaria, como “nuevos espacios para el bienestar”, con el objetivo de dar una respuesta integral y dar satisfacción a las necesidades de autonomía personal e inclusión. Para ello, plantea actualizar y ampliar la prestación ortoprotésica del sistema sanitario para acomodarla a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias.
Otras demandas del movimiento asociativo para la próxima legislatura se centran la concienciación y adoptar medidas para evitar la exclusión que se vive dentro del conjunto de personas con discapacidad por razón de género, raza, pobreza, etc.; un nuevo marco legal de protección a las familias de las personas con discapacidad; o dar respuesta a través de los dispositivos públicos de atención para adecuarse a la discapacidad sobrevenida.
Asimismo, llama la atención sobre la equidad territorial, es decir, el ejercicio normalizado de los derechos de las personas con discapacidad requiere una igualdad básica con independencia del lugar donde resida; y la mejora de la imagen social de la discapacidad, promoviendo un mayor grado de su visibilidad.
Por otra parte, propone que, al igual que en Europa, España cuente con una Estrategia Española de la Discapacidad 2012-2020, en la que se fijasen los objetivos, los recursos y el calendario de toda la acción pública en materia de discapacidad hasta el año 2020.
Por último, la plataforma de la discapacidad ha expuesto una demanda singularizada, que es la necesidad de un impulso de las acciones específicas de apoyo y garantía a la estabilidad el Grupo ONCE en el sector social de la discapacidad y en la esfera social española. Por ello, solicita que el futuro Gobierno, a través del Consejo de Protectorado de la ONCE, vele para que una entidad como la ONCE y su Fundación , puedan seguir cumpliendo su función social sobre la base de los juegos responsables que comercializa.
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