Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) propuso este miércoles "más creatividad política" para salir de la actual situación económica, en lugar de recortes sociales que "inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión".
El Cermi considera que estas situaciones deben dar lugar a procesos de creatividad política que pongan en marcha medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste adicional.
En el ámbito de la discapacidad, según el Comité, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que sólo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término.
En este caso, planteó este miércoles seis iniciativas que podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
En el ámbito de la inclusión laboral, el Cermi propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que sólo puedan participar en procesos de contratación con las Administraciones públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad. También sugiere introducir en esta ley una reserva obligatoria -de entre el 6 y el 10%- de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción.
Asimismo, pide cambiar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda pública acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada.
En el ámbito del acceso a la vivienda, el Cermi propone elevar del 2 al 6% la reserva de viviendas de iniciativa pública en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación no sólo a particulares, como hasta ahora, sino también a entidades del tercer sector de la discapacidad para que las destinen a programas de inclusión social y de vida autónoma de personas con discapacidad.
Por otro lado, sugiere modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta identificativa que les reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (plazos de concesión, etc.).
En el ámbito de la atención a las víctimas de accidentes de circulación, el Cermi propone desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor este martes, para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad.
La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto.
Estas seis medidas, que no ocasionan gasto directo, según el Cermi, "solo requieren voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las dificultades presupuestarias, hay espacio para la acción política transformadora".
Fuente: Servimedia
