Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
Las personas con discapacidad quieren formar parte de la comunidad educativa y para ello apuestan por tener representación en los consejos escolares provinciales y autonómicos, puesto que en el del Estado ya participan.
"La discapacidad no está siendo vista como un agente más de la comunidad educativa y esto tiene que cambiar", afirmó el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
), Luis Cayo Pérez, durante su intervención en las VII Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, que se están celebrando estos días en Madrid.
Pérez señaló que "los gobiernos tienen que ver a la discapacidad organizada como un agente legitimado de la comunidad educativa", formada ahora por profesores, alumnos, padres y otros profesionales entre los que no se encuentran los representantes de los alumnos con discapacidad.
Y es que, prosiguió el presidente del Cermi, "tiene que haber un cambio de actitud de las personas que toman decisiones en educación".
"VALOR AÑADIDO"
Este cambio pasa, a juicio de Ana Peláez, Comisionada de Género del Cermi y vicepresidenta del Comité de Seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, por que los sistemas educativos no vean a las personas con discapacidad "como un problema, sino como un valor añadido".
Peláez, que intervino como el presidente del Cermi en estas jornadas sobre educación inclusiva, basó su exposición en el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla precisamente de la educación inclusiva.
Para que esta educación sea posible, indicó, los Gobiernos han de tomar medidas de tipo legislativo, político y financiero.
En el ámbito legislativo, explicó esta experta, habrán de reconocer la educación inclusiva como derecho a lo largo de toda la vida, garantizar la accesibilidad en el más amplio sentido de la palabra y capacitar al personal docente con acciones como la formación en derechos humanos.
Dentro de la esfera política, los estados que se propongan lograr una educación inclusiva habrán de trazar un plan de transición, determinar las personas a las que corresponde hacerlo efectivo y evaluar los resultados.
Por último, precisó Peláez, para impulsar un modelo de educación inclusiva, los mandatarios habrán de contar con recursos suficientes y estar dispuestos a ponerlos al servicio del proyecto, ya que, a veces, puede chocar con "una verdadera falta de voluntad política".
Fuente: Servimedia
