Fundación ONCE participará en el Foro de Empleo de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
El Comité considera que "de no tenerse en cuenta esta consideración, se está incumpliendo la definición de la Economía Sostenible, entendida como un instrumento favorecedor, no sólo del empleo de calidad, sino de la igualdad de oportunidades y la cohesión social".
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha realizado un informe de propuestas de enmiendas del sector social de la discapacidad sobre el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros, con el objetivo de reclamar la presencia de las personas con discapacidad.
"El Gobierno se ha olvidado al legislar esta Ley del colectivo de las personas con discapacidad, obviando así que la propia definición del concepto de Economía Sostenible entiende ésta como el patrón de crecimiento que favorezca la igualdad de oportunidades", afirma el Cermi.
Así, para el Comité, "de no tenerse en cuenta la consideración de no dejar de lado al colectivo de personas con discapacidad, se está incumpliendo la definición de la Economía Sostenible, entendida ésta como un instrumento favorecedor, no sólo del empleo de calidad, sino de la igualdad de oportunidades y la cohesión social".
Sin embargo, el movimiento asociativo también aprovecha para recordar el compromiso establecido el pasado mes de diciembre en la Estrategia para la Economía Sostenible, que prevé la presentación de un plan de promoción de la inclusión social dentro de las reformas necesarias para fortalecer el Estado del Bienestar. Así, el plan contendrá actuaciones de apoyo al empleo y formación de personas con dificultades de inserción laboral.
Para la plataforma de la discapacidad, esta norma es "la de mayor importancia de la legislatura", ya que, "introduce cambios sustanciales en nuestro ordenamiento jurídico en distintos ámbitos".
Así, el Cermi, a través del informe de propuestas de enmiendas para el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, propone, en primer lugar, la definición del principio de "accesibilidad universal", y facilitar un instrumento de evaluación política sobre su aplicación a todo marco regulatorio.
También se propone la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad sostenible, es decir, garantizar una aportación anual fija en los Presupuestos Generales del Estado para la política de accesibilidad y de acción positiva, como uno de los principios de una economía sostenible y socialmente justa.
En cuanto a la sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, el Cermi señala que se debe fomentar también la contratación laboral de las personas con discapacidad como elemento fundamental de la sostenibilidad social de este sector empresarial, promocionando así la Responsabilidad Social de las empresas.
Paralelamente hace referencia a la contratación pública, indicando la necesidad de modificaciones de los contratos (acreditación del cumplimiento de contratar un 2% de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 ó más trabajadores); proponiendo incluir los conciertos como procedimiento de contratación de los servicios sociales; y solicitando la aplicación de la reserva de adjudicación del 10% del importe anual de su contratación a Centros Especiales de Empleo.
Asimismo, considera importante excluir de cualquier subvención pública de aquellas empresas que incumplan la obligación de reserva de empleo.
A nivel de la competitividad universitaria y de la formación profesional, el Cermi destaca la necesidad de ofrecer una atención educativa de calidad al alumnado con discapacidad y de promover la participación de todos los agentes sociales en el diseño de las políticas educativas que van a afectar a la atención de este colectivo con necesidades educativas especiales. En este sentido, también pide la garantía de entornos laborales accesibles, así como en las instalaciones y equipamientos destinados a los centros públicos de formación profesional.
Además, el Comité hace referencia en el informe a la política de movilidad sostenible y a la rehabilitación de viviendas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, e, incluso, propone la adición de un nuevo artículo al Proyecto de Ley de Economía Sostenible, en relación a la Concertación de la Red de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Por otra parte, en el ámbito fiscal, el Cermi asegura que "el proyecto ha olvidado que la igualdad de oportunidades puede lograrse mediante la inclusión de medidas que favorezcan a las personas con discapacidad en cuanto al ejercicio de sus derechos, entre los que hay que incluir el derecho al trabajo, siendo la política social uno de los pilares en los que se apoyan los poderes públicos".
En este sentido, la plataforma de la discapacidad propone la accesibilidad en las notificaciones que practique la Administración Tributaria por medios electrónicos. También pide la eliminación del límite para la aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual, así como por alquiler, en el caso en que los contribuyentes sean personas con discapacidad.
Por último, la organización presenta, entre otras, nuevas medidas para incluir en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, destinadas al incremento de la tasa de empleo de las personas con discapacidad.
Fuente: Servimedia
