El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) se ha adherido a la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales , “cuarto pilar del Estado del Bienestar”, con el objetivo de defender un sistema de Servicios Sociales sustentado en la responsabilidad pública como garantía de los derechos de la ciudadanía, en el que participe la iniciativa social organizada.
Esta Alianza se constituyó el pasado 26 de septiembre y presentó su Manifiesto para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, ‘A más crisis, más políticas sociales’. Este documento expresa, en líneas generales, la situación de crisis económica como causa del aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y la necesidad, como consecuencia, de un incremento de la demanda de servicios y prestaciones y, sobre todo, de Servicios Sociales.
“La atención a las necesidades realizada por los Servicios Sociales reduce desigualdades, exclusión y contribuye a la cohesión social”, establece el Manifiesto. Así, continúa, “cerca de 6 millones de personas perciben anualmente servicios sociales básicos, más de 700.00 personas reciben hoy en día servicios y prestaciones de atención a la dependencia y hay casi 600.000 empleos en el sector”.
Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que en España y en Europa “se están poniendo en entredicho las conquistas sociales”. Según datos oficiales, en 2009 “los Servicios Sociales públicos ofrecieron información y/o ayuda a más de 8 millones de personas, un 36% de la población española más que el año anterior”.
En este sentido, las entidades que componen el Tercer Sector constatan “un importante deterioro e incremento de las situaciones de privación material de las personas ya integradas en sus programas, que las sitúa en el terreno de la exclusión social”. “Personas y familias que antes se encontraban integradas se ven obligadas a acudir a la ayuda de las ONG para cubrir sus necesidades básicas”, agrega.
Según manifiesta, “en ese año, se produjo un enorme incremento de las demandas de ayuda recibidas por las entidades de iniciativa social para atender las necesidades básicas debido a la insuficiencia de las prestaciones públicas”.
Por ello, la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales defiende, frente a los recortes sociales, “un incremento racional de las políticas sociales encaminadas a asegurar unos Servicios Sociales que avancen en el reconocimiento pleno de derechos subjetivos”.
Así, la Alianza reclama la presencia de todos los actores sociales, revitalizando los espacios y ámbitos de participación e interlocución social como “expresión democrática y de ciudadanía activa”. Por ello, insta a reforzar un sistema de Servicios Sociales que afronte los problemas actuales de forma multidimensional e integral, que fomente la participación social, la solidaridad y la corresponsabilidad, y que ofrezca respuestas personalizadas, preventivas y comunitarias.
También considera que las políticas deben tener como “prioridad” el desarrollo humano de las personas y que la intervención social debe incidir en la aplicación activa de las personas, los grupos y las comunidades en la superación de las carencias y en el desarrollo de sus posibilidades de promoción. Por tanto, considera que se debe “favorecer el protagonismo de una ciudadanía más activa, informada y corresponsable”.
En este sentido, opina que “es preciso un sistema público que simplifique, flexibilice y agilice la gestión, las estructuras, las redes y los procedimientos establecidos, como servicios a la ciudadanía”.
Además, reivindica una financiación pública con dotación presupuestaria suficiente y sostenible, que garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado, convergente con el gasto social europeo. Así, propone la responsabilidad del sector público en materia financiera, inversora y de gestión. “La participación de la iniciativa privada se ha de llevar a cabo de acuerdo con formulaciones jurídicas y administrativas adecuadas”, señala.
Por otra parte, la Alianza defiende un control público que cuente con una inspección específica, garantía de la calidad de los servicios, desde la perspectiva de la ciudadanía usuaria y de los proveedores. En este sentido, reclama un sector público “eficaz y eficiente”, “planificador y evaluador” de los Servicios Sociales, “coherente” con las líneas más avanzadas de investigación y desarrollo.
Según indica, “para unos servicios de calidad es imprescindible el desarrollo del empleo en el sector con buenas condiciones de trabajo, que incorporen la formación continua y especializada”.
Por último, la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, a través de su Manifiesto, expone su compromiso en la cooperación con todos los poderes públicos en el mantenimiento y potenciación de unos derechos subjetivos básicos a los Servicios Sociales para todas las personas, controlando y exigiendo su cumplimiento e impulsando la implicación ciudadana.
En relación a esta defensa del cuarto pilar del Estado de Bienestar, el Manifiesto concluye con la reivindicación de que los derechos sociales “se establezcan como derechos fundamentales constitucionales de la ciudadanía”.
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