La responsable de la Comisión de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pepa Torres, defendió que “es más necesario que nunca” aprobar un nuevo marco normativo de impulso de la empleabilidad de las personas con discapacidad, “a fin de superar la mayor desigualdad que ha producido la crisis económica y afrontar la incertidumbre existente sobre el mercado laboral en el futuro”.
En estos términos se expresó la también directora de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) durante su intervención en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el Cermi Estatal, La Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. El evento cuenta con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el Cermi y la Asociación Eunate.
Esta experta apuntó cuatro aspectos que en su opinión tienen que ser los ejes fundamentales de la nueva legislación. Así, explicó que debe tener un carácter holístico, sistémico y flexible, porque debe abordarse desde una múltiple perspectiva; debe tener en cuenta el ciclo vital de las personas, que en muchos casos ya no es lineal; ha de recoger mecanismos para medir su impacto social real, y tiene que tener en cuenta las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
Pepa Torres hizo un repaso por los diferentes hitos legales que se han ido produciendo en España para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social o la Convención Internacional de la Discapacidad, tratado que sin duda “ha supuesto un cambio de paradigma”.
“Nos hemos encontrado, en materia de tasa de ocupación, con una evolución positiva entre 2014 y 2017”, afirmó Torres, quien recordó que, en todo caso, en los últimos 18 años, la tasa de actividad de las personas con discapacidad ha crecido solo un 3%. En suma, la directora de Feacem ha resaltado que, según los datos disponibles, solo una de cada cuatro personas con discapacidad está trabajando.
CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD
Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Navarra y doctor en Derecho, Javier Miranda Erro, realizó un amplio análisis del concepto de accesibilidad universal y explicó que, además de eliminar obstáculos y barreras, “la Convención Internacional de la Discapacidad obliga a que los nuevos productos, entornos y servicios se creen teniendo en cuenta el diseño para todas las personas”. Asimismo, recordó que estas obligaciones no solo vinculan a la Administración General del Estado, sino también a las territoriales, como es el caso de las autonomías, diputaciones y ayuntamientos.
Advirtió también de que la falta de accesibilidad produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad, al tiempo que indicó que “muchas veces, la accesibilidad insuficiente es fruto de la falta de formación de los técnicos”.
En esta línea, el presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha participado en un panel junto a la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz. Pérez Bueno ahondó también en el concepto de accesibilidad universal, ha explicado que “es materia de Derecho, muy sugeridora y productiva” y defendiió que “más que hablar de accesibilidad, se debería hablar de accesibilidades”, debido a su tipología y amplitud.
Dentro de este ámbito, subrayó la importancia de avanzar hacia una regulación de la accesibilidad cognitiva, para lo que se ha trasladado una propuesta a las diferentes formaciones políticas que en este caso, ha llevado el PP al Senado con el consenso de todos los partidos.
Según explicó, se trata de una propuesta detallada del sector de la discapacidad organizado en torno al Cermi, un movimiento “exigente, pero que realiza propuestas fundamentadas y desarrolladas”, un requisito que, en su opinión, es “muy importante” para que las iniciativas maduren y salgan adelante. En concreto, la propuesta del Cermi plantea modificaciones, entre otros textos legales, de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Mientras, Inés de Araoz analizó los ejes fundamentales del informe de Naciones Unidas de 2018 en el que denunciaba las carencias sobre educación inclusiva que existen en España. Araoz pidió que “no se confunda la integración con la inclusión, porque en la integración solamente se lleva al alumno o alumna con discapacidad a un centro de educación ordinaria sin brindarle los apoyos necesarios”.
Además, comentó que la educación inclusiva no solo es beneficiosa para los estudiantes con discapacidad, sino para el resto de menores, porque educa desde edades tempranas en la diversidad.
“No existe ninguna duda de que el profesorado de los centros de educación especial tiene un gran valor y una gran profesionalidad que debe ser muy útil en el necesario proceso de transformación del sistema educativo”, indicó Araoz, quien también resaltó que “el centro del sistema debe ser el alumnado”.
