El Consejo Económico y Social 
(CES) considera que la futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es "un acierto", pero propone que amplíe los motivos de discriminación a la apariencia física y la nacionalidad y duda de la regulación de la autoridad que crea.
El CES dio a conocer este miércoles su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que pretende convertirse en una norma "transversal" que ayude a "identificar mejor las situaciones de discriminación" y que garantice una serie de derechos "que ya existen" en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, según afirmó en su día la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.
En su dictamen, el Consejo Económico y Social considera un "acierto" que la futura norma se conciba como una ley general, "dado que los importantes avances producidos en los últimos años en el ordenamiento español en materia de igualdad no habían logrado un tratamiento unitario".
Sin embargo, el órgano muestra "sus dudas" en cuanto a la regulación que el anteproyecto hace de la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato, un órgano independiente que crea la ley para prestar asistencia a los afectados y promover fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento.
Al CES le surgen dudas en cuanto a la regulación que se da a esta Autoridad en algunos aspectos y hace notar "que no hay correspondencia entre la parquedad de las previsiones presupuestarias que se vinculan a su creación y la amplitud de sus funciones".
El dictamen del Consejo Económico y Social llama también la atención sobre el artículo 13 del anteproyecto, que regula la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito de la negociación colectiva, y que, en su opinión, "no guarda la necesaria coherencia con las previsiones del Estatuto de los Trabajadores, pudiendo generar confusión en su interpretación".
Igualmente, el dictamen hace constar que en lo que se refiere a establecer el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación, la futura ley podría afectar a la normativa vigente que regula tanto la educación como la libertad de enseñanza.
Finalmente, señala que la futura norma debería explicitar la obligación general de las administraciones educativas de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad en la educación y, por lo tanto, la formación inclusiva.
Fuente: Servimedia
