La Plataforma de ONG de Acción Social 
(POAS), la Plataforma de Voluntariado en España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) manifiestan su posición ante la última decisión tomada en el Consejo de Ministros sobre la ‘bancarización’ de las Cajas de Ahorros.
La labor social de las cajas de ahorros se refleja en el número de personas beneficiarias de sus proyectos solidarios. 162 millones de personas se beneficiaron en 2009 de los proyectos y actividades de la Obra Social. Más de 2000 millones de euros se dedicaron a financiar iniciativas sociales y ciudadanas, con especial dedicación al área socio-asistencial, que presta servicio y atención a las personas más vulnerables.
En el contexto de crisis actual, esta nueva legislación antepone el interés privado frente a la misión social de las cajas de ahorros, justo en un momento en el que se deberían garantizar modelos financieros competitivos y solidarios.
Las Cajas de Ahorros han sido el principal socio privado del tercer sector de acción social -según un estudio elaborado por la CECA en el año 2009-, contribuyendo de manera indispensable a los avances en materia social. Como ejemplo, las obras sociales han financiado el 40 % de los proyectos dirigidos a las personas con discapacidad, una aportación indispensable para el desarrollo de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia.
Asimismo, la bancarización aprobada por el Ejecutivo se puede traducir, además, en un aumento de la desigualdad de acceso al sistema financiero para los colectivos en riesgo de exclusión y para las personas establecidas en zonas rurales, que pueden verse excluidas.
Respecto a la capitalización de las cajas, en ningún caso el capital de las Cajas tras la reforma debe ser inferior al 51%, manteniendo garantías de participación social en las futuras Fundaciones y de fondos para las Obras Sociales con el objetivo de mantener los fines que ahora tienen previstos.
Las cuatro plataformas hacen un llamamiento al Gobierno para que tenga en cuenta la opinión del tercer sector de acción social en la elaboración de esta normativa que transformará el sistema financiero español y que incidirá directamente sobre los colectivos más vulnerables. Además, animan a la sociedad civil y a las organizaciones del Tercer Sector a que se sumen a este posicionamiento que defiende el Estado de Bienestar frente a los intereses privados.
Fuente: Servimedia
