Se equipara, a efectos laborales, la situación de incapacidad permanente con la discapacidad y se incorpora como colectivo prioritario a las personas con autismo
Esther Peñas
El proyecto de Ley de empleo fue aprobado definitivamente este jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados, donde fueron refrendadas las enmiendas incorporadas en el Senado que, entre otras cuestiones, refuerzan las exigencias sobre la necesidad de que en los servicios de empleo haya personal formado para atender a personas con discapacidad y de que las herramientas digitales de formación para demandantes de trabajo sean accesibles.
Estas enmiendas son algunas de las propuestas realizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a los grupos parlamentarios que no fueron incluidas en el texto en el Congreso y que sí lo hicieron los partidos en el Senado. Por ello, desde el Cermi trasladaron a Servimedia su “satisfacción” por estos avances en favor de la discapacidad.
Por otro lado, se incorporó en el Senado a la Ley de empleo la potenciación desde los servicios de empleo de la recolocación de demandantes de empleo en actividades relacionadas con la economía social.
En materia de intermediación laboral, se introdujo expresamente que se deben evitar estereotipos que puedan propiciar discriminación por razón de edad, género o discapacidad en los procesos de selección.
Más allá de las enmiendas del Senado, el texto legal ya recogía otras medidas en favor de la discapacidad como la introducción de las personas con autismo en los colectivos de atención prioritaria en las medidas de impulso de la inserción laboral.
Del mismo modo, en el trámite parlamentario se incorporó en el Congreso una enmienda a propuesta del Cermi por la que se considerará, a efectos de la Ley de empleo, que presentan “una discapacidad en grado igual o superior al 33% las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.
Se modifica así, mediante la disposición final segunda, el texto de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
TRANSFORMACIÓN DEL SEPE
Por otro lado, la Ley de empleo establece que el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal se transformará en la Agencia Española de Empleo. Este cambio permitirá mejorar su gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico al erario público.
Entre otras medidas, destaca también el refuerzo de la Inspección de Trabajo ante los ERE, incluida en el texto a partir de una enmienda pactada entre las dos formaciones del Gobierno con Bildu en el Congreso. Ello generó el enfado de CEOE, que acusó al Ministerio de Trabajo de romper el acuerdo de la reforma laboral por adoptar esta acción fuera de la mesa con los agentes sociales.
Concretamente, la enmienda aprobada detalla que "el informe de la inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir".
LEY FRUCTÍFERA
En el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, agradeció que los trabajadores de organismos como la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se estén “dejando la piel”, pese a la situación en que quedaron por “los recortes” del Gobierno de Mariano Rajoy.
En su opinión, el consenso alcanzado con esta ley es “fructífero para nuestro país”, aunque manifestó su “cierta tristeza” por algunas cosas que “se escuchan” en el Congreso. “He escuchado decir que esta norma no va a servir para nada”, afeó Díaz, que destacó que la obligación de los responsables políticos es “mejorar” la vida de los ciudadanos.
Además, subrayó que el “reto” de todos debe ser el pleno empleo y alcanzar los niveles de ocupación que tiene Europa, aunque reconoció que “es difícil el objetivo”.
CORTO DE MIRAS
No obstante, el diputado del PP Diego Movellán alertó de que el texto es “poco ambicioso”, “corto de miras” y “creará nuevos problemas” y lamentó que no se hayan aceptado enmiendas del PP en el Senado. Por ejemplo, censuró que no se haya aceptado “proteger como colectivo prioritario” en el acceso al empleo a las familias numerosas.
Volvió a criticar al Ejecutivo por no contabilizar como desempleados a los fijos discontinuos en período de inactividad y denunció que el Gobierno “crea precariedad”. En este punto, se dirigió a Yolanda Díaz para exigirle que “trabaje para que los españoles puedan trabajar”.
Al respecto, Díaz avisó al PP de que “cuando se revelan ante la institucionalidad de los datos están poniendo en juego la democracia” y reprobó que el principal partido de la oposición dé datos “falsos”. “Aprendan a hacer política de otra manera”, lanzó la titular de Trabajo.
HIPÓCRITAS
El más duro contra la Ley de empleo fue el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que tildó en más de una veintena de ocasiones de “hipócritas” a los miembros del Gobierno, acusándoles de ser un Ejecutivo “contra las mujeres” y denunciando que con el reforzamiento del papel de la Inspección en los ERE están “zarandeando” el diálogo social. Por todo ello, justificó su voto negativo ante esta ley en “una España cansada y doliente” en la que “solo con Vox hay esperanza”.
En sentido opuesto, el diputado de Bildu Óscar Matute sacó pecho por la enmienda que logró pactar su formación con los partidos de la coalición y que permitirá que la Inspección de Trabajo vuelva a tener potestad para pronunciarse ante los despidos colectivos en España. De hecho, subrayó que le produce satisfacción si la CEOE se “enfada” y cuestionó que haya empresarios que critiquen este apartado si realmente cumplen las normas.
Mientras, el diputado Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), recriminó el “carácter privatizador” de la Ley de empleo, mientras la parlamentaria de Ciudadanos María Vidal echó en falta una mayor apuesta por la digitalización de los servicios de empleo y avisó de que estos servicios no serán más digitales por cambiar su nombre y pasar a denominarse Agencia de Empleo.
OTRAS MEDIDAS
Por otro lado, la Ley de empleo recoge como uno de sus principios que la eficacia de las políticas de empleo se someterá a un nuevo procedimiento de evaluación. Tanto la Estrategia como el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno estarán, por tanto, orientados a resultados.
Se regula también una “cartera común de servicios” en todo el país, de modo que se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. Cada usuario tendrá un expediente laboral personalizado único.
Cada persona recibirá formación para el empleo, podrá contar con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y el pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado con la oferta de una cartera común de servicios de intermediación laboral eficiente. Además, estos servicios podrán prestarse presencialmente o de manera telemática.
También se favorece que en la Conferencia Sectorial de Empleo, formada por Gobierno y comunidades, se puedan adoptar recomendaciones para mejorar políticas que no estén “funcionando” adecuadamente y, al mismo tiempo, potenciar otras que sí estén dando frutos.
Igualmente, las empresas tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red Eures.
