Los pacientes deberán confirmar hasta en dos ocasiones su intención
Servimedia
El Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición de ley de regulación de la eutanasia con la única oposición de los diputados del Partido Popular y Vox. Aún debe pasar por el Senado y reconoce el derecho a recibir ayuda legal para morir a personas con un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" o con una "enfermedad grave e incurable”.
Con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja ha dado el visto bueno a la eutanasia, que será legal en España y formará parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud previo trámite en el Senado. Los pacientes deberán confirmar hasta en dos ocasiones su intención de poner fin a su vida con una separación de 15 días entre una y otra. Además, el fallecimiento se considerará “muerte natural” y se puede dar marcha atrás en cualquier momento.
La ley explicita que quienes reciban ayuda médica a morir deben ser mayores de edad, estar “en plena capacidad de obrar y decidir” y hacerlo siempre “de forma autónoma, consciente e informada”, además de sufrir una enfermedad grave e incurable que les provoque un “sufrimiento insoportable”.
Para que se cumpla todo esto, se prevé la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación que deberá estudiar cada caso y, si corresponde, aprobarlo, además de resolver situaciones en que los médicos se declaren objetores de conciencia.
El debate del Congreso fue vehemente y con continuos recuerdos a iconos de la defensa de la eutanasia en España como Ramón Sampedro, quien preparó una muerte a escondidas con ayuda de varios amigos tras décadas solicitando la eutanasia después de quedarse tetrapléjico. También se mencionó al doctor Luis Montes, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, o Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, con una esclerosis múltiple muy avanzada.
La impulsora de esta proposición de ley, que aún tiene que ser tramitada por el Senado y cuenta con enmiendas de multitud de grupos parlamentarios, es la diputada y exministra socialista María Luisa Carcedo. “No podemos concebir la eutanasia como un hecho que nos limita, sino como un potencial para un proyecto humano y humanizador. Humanidad, empatía y compasión para ponernos en el lugar del que sufre”, defendió.
“Cada vez que este Parlamento debate un nuevo derecho, la derecha se enzarza en broncas apocalípticas. Pasado un tiempo, los asumen; pasado otro tiempo, las practican”, dijo sobre la postura expresada por PP y Vox. Carcedo fue la única que intervino con mascarilla y, cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le invitó a quitársela para hablar desde la tribuna, la exministra del PSOE insistió en dejársela puesta.
“PRÁCTICA EUGENÉSICA”
El diputado José Ignacio Echániz (PP) tildó la ley de “injusta, inoportuna e inconstitucional”, al tiempo que afeó que se ha presentado “de manera frívola, chapucera, con nocturnidad y alevosía” porque no ha habido, opinó, “un debate serio, sereno y responsable” al respecto del “suicidio asistido”.
Los populares habían presentado una alternativa a la ley de eutanasia y que apostaba por los cuidados paliativos, pero fue rechazada. A su juicio, lo que se necesita es “consuelo, amor y esperanza para los que sufren”.
Desde Vox, que también votó en contra de la eutanasia, la parlamentaria Lourdes Méndez comparó la ayuda médica a morir con la “eugenesia”, y acusó al Gobierno y a los partidos que votaron a favor de “firmar sentencias de muerte para los más débiles”.
“Cuando acabe este debate, señorías de la izquierda radical, comunistas, separatistas, herederos del terrorismo, oportunistas, diputados enemigos de España y de los españoles se aplaudirán mutuamente con una sonrisa cruel y acartonada oculta en sus mascarillas", dijo. “Hoy levantarán su copa por haber quebrantado la esencia del orden social y democrático, que es el derecho a la vida”, añadió.
ARRIMADAS: “NOS HACE AVANZAR EN LIBERTAD”
Íñigo Errejón, de Más País, insistió en que “los que votan en contra de esta ley van a salir con sus derechos intactos, pero se van a ampliar para quienes más lo necesitan”, al tiempo que trasladó a PP y Vox que, a la hora de aprobar un derecho, "primero lo rechazan, luego lo usan y lo acaban haciendo suyo. Es cansado, pero es como avanza nuestro país".
Rosa María Medel (Unidas Podemos) intervino para defender que, hasta ahora, “tiene derecho a una muerte digna quien puede pagarla”, ya que “acceden a médicos privados que les hacen el favor y todos lo sabemos”. En esta línea, acusó a PP y VOX de oponerse para conservar una “barrera del dinero que es infranqueable y que separa a los ricos de los pobres, incluso en la muerte”.
Por Ciudadanos, Inés Arrimadas manifestó el apoyo de su formación a la eutanasia y celebró que se trata de una medida con respaldo social: “más de un ochenta por ciento”, dijo. Y es que "hoy nadie pierde derechos" con esta ley y "entre tanta pelea estéril que no lleva a nada, esto sí une a una mayoría de españoles y nos hace avanzar en la libertad", defendió.
Carlos García Adanero (UPN), comparó por su parte la eutanasia con un ejemplo que relató de la siguiente manera: "alguien se quiere suicidar. Caben dos opciones: que vaya la policía y el psicólogo a decirle bájate, o empujarle. Ustedes han decidido empujarle porque es más sencillo", dijo.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, intervino antes de la votación para defender que es una ley “moderna y garantista” y que, con ella, “avanzamos en el reconocimiento de derechos” y “hacia una sociedad más humana y justa”. Además, dijo que su Ministerio comenzará ya mismo a trabajar para incluir la eutanasia en el Sistema Nacional de Salud “para que sea inmediatamente efectivo”.
LA ONU ADVIERTE A ESPAÑA
Ayer mismo, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas se dirigió al Congreso de los Diputados para advertir de que la ley permite “la eutanasia por motivos de discapacidad”, ya que será aplicable en toda persona con un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.
Según consta en una comunicación enviada a los diputados, este órgano de la ONU recuerda a España que debe velar “por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad”.
La clave está en la definición que hace la proposición de ley para indicar quiénes pueden acogerse a la eutanasia: aquellos que sufran una “enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.
Esto quiere decir que puede solicitar la eutanasia aquella persona afectada “por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable” sin mejoría o curación.
Por tanto, el Comité solicita a España que informe a la ONU “en un plazo de 60 días” sobre las medidas que tomará “para asegurar que la mencionada proposición de ley es compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
