Se prohiben los espectáculos cómicos que “denigran la imagen de las personas con discapacidad"
Redacción
La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado, por 20 votos a favor, cinco votos en contra y nueve abstenciones, con competencia legislativa plena, el texto del informe elaborado por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
El texto incluye una enmienda de ERC relativa a la prohibición explícita de los espectáculos cómicos que “denigran la imagen de las personas con discapacidad, especialmente de las personas con displasia ósea conocida como enanismo”, según precisó en el transcurso del debate la diputada Norma Pujol, que dijo “celebrar” dicha aprobación.
“Estos espectáculos atentan contra los principios fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por lo tanto, estamos contentos y satisfechos de que, gracias a una enmienda de nuestro grupo esta prohibición sea de una vez por todas incluida en la legislación estatal de manera expresa”, sentenció, al tiempo que advirtió de que “una vez más” su grupo está “al lado de los derechos de las personas y de la justicia social”.
En el transcurso del debate, la diputada socialista Carmen Andrés defendió que la transposición de directivas de la UE “es un objetivo prioritario”, al igual que “realizarlo en plazo” y, en relación con la “diversidad de ámbitos y materias” que aborda el proyecto de ley, advirtió de que “viene a regular, tal como dice el Tribunal Constitucional, que el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en nuestra Constitución Española precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo”.
Por estos motivos, juzgó que se trata de una ley “adecuada” y justificó su necesidad advirtiendo de que resulta “urgente eliminar los obstáculos a la libre circulación de determinados productos y servicios accesibles, también facilitando el comercio y la movilidad transfronterizos y ayudando a los agentes económicos a encontrar sus recursos en la innovación en lugar de utilizarlos para cubrir los gastos derivados de una legislación fragmentada de la Unión que hoy es necesario armonizar”.
En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra se refirió expresamente a la transposición de la directiva relativa a la accesibilidad de determinados productos y servicios y defendió que la accesibilidad universal “es la característica que deberían cumplir todos los entornos, procesos, bienes y servicios y dispositivos para que todas las personas puedan acceder a ellas y utilizarlas de manera cómoda, segura y lo más autónoma posible”.
“La accesibilidad universal es fundamental para que las personas con discapacidad vivan de forma independiente, participen en la sociedad y tengan el máximo de oportunidades”, aseguró, al tiempo que explicó que la directiva en cuestión que se traspuso este jueves es una ley de la Unión Europea que establece “nuevos requisitos mínimos de accesibilidad” para una serie de productos y servicios y “pretende reforzar el derecho” de las personas con discapacidad a “acceder a estos bienes y servicios en el mercado interior de la Unión Europea”.
En este punto, subrayó que las “disparidades existentes” en las normativas al respecto de esto “generaban dificultades” para las empresas, “especialmente” para las pymes las microempresas, y “era importante homogeneizar la normativa en este sentido”, pese a que, según su punto de vista, España cuenta ya con una legislación “amplia y más garantista” en materia de accesibilidad y tiene, “en general, requisitos de accesibilidad superiores a muchas áreas que contempla esta directiva”.
Tras afirmar que el Gobierno de coalición y el Ministerio de Derechos Sociales “se ha tomado muy en serio en esta legislatura esta cuestión”, recordó que la pasada semana el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público que, a su juicio, “amplía derechos y profundiza lo que contempla esta directiva”.
Además, recordó que "responde a un mandato legal", esto es el desarrollo reglamentario de la Ley General de discapacidad "después de 18 años sin regulación y, por tanto, sin generar obligaciones en las administraciones y en las empresas y generando situaciones de discriminación que, realmente, suponían una situación muy grave en este país”.
“Después de muchos años de inacción, de dejadez, de vulneración de derechos, recortes en derechos por gobiernos del Partido Popular, este Gobierno y este Ministerio se ha tomado muy en serio este tema y vamos a seguir trabajando”, abundó, consciente de que “queda mucho por hacer” y convencida de que España seguirá “avanzando para una sociedad con entornos más accesibles y más inclusiva”.
DERECHA
En el extremo opuesto, por el PP, la diputada María Jesús Moro espetó que la tramitación de este proyecto, que calificó de “proyecto coctelera”, une “todos los despropósitos que nos quedaban por ver en esta legislatura en un proyecto de ley”, como es la incorporación en una única ley de “temas heterogéneos dura y acertadamente criticados por el Consejo de Estado”. “Nada guarda coherencia en las transposiciones realizadas en este proyecto, ninguna homogeneidad”, afeó, al tiempo que recordó que “se incorpora la accesibilidad después de una ley reciente en la materia”.
Tras criticar el “atropello” del Ejecutivo a las “funciones y responsabilidad del Parlamento” y, pese a la “urgencia, barullo, precipitación e incongruencia” que, a su juicio, han guiado su tramitación, puntualizó que el proyecto incorpora "cuestiones muy técnicas y de gran calado en cada materia, procede de ministerios diferentes y por ello ni procedía la urgencia, ni procede cerrarse en este momento”, si bien valoró “la disposición al diálogo y la receptividad” por parte de las ponentes del Grupo Socialista, circunstancia que ha “motivado” que, finalmente, no se opusiera a la aprobación de un “proyecto coctelera”.
Por último, el diputado de Vox Rodrigo Jiménez expresó su “gran preocupación” y se mostró “realmente indignado con esta comisión y la forma de proceder en este proyecto de ley” cuya tramitación definió como “una chapuza legislativa”.
En este sentido, estimó que el “motivo de las prisas” por aprobar este proyecto de ley es que, durante la próxima presidencia del Consejo de la UE, Pedro Sánchez “no quiere dar lugar a la apertura de correspondientes procedimientos disciplinarios por incumplimiento" por parte de la Comisión Europea.
