La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este lunes la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de actualizar y prorrogar los acuerdos vigentes con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE 
) para garantizar su estabilidad financiera y su acción social hasta 2021.
Todos los grupos parlamentarios, excepto IU, que se abstuvo, votaron a favor de la convalidación del Real Decreto Ley 18/2011 por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la ONCE.
De esta manera, el Consejo de Ministros acordó prorrogar y actualizar hasta el 31 de diciembre de 2021, según lo previsto en el Real Decreto 1336/2005, la explotación de la lotería instantánea de ámbito nacional, uno de los instrumentos básicos para el adecuado cumplimiento de los fines de interés social de la ONCE.
El real decreto convalidado hoy adapta la normativa a las previsiones contenidas en la reciente Ley de Ordenación del Juego del 27 de mayo del 2011 y actualiza el importe de las cuantías relativas al volumen máximo de ventas y de emisión anual, así como el porcentaje destinado a premios dentro de cada emisión.
Asimismo, se renueva el Acuerdo General suscrito con la ONCE en 2004 en materia de cooperación, solidaridad y competividad para garantizar el cumplimiento de las funciones sociales que la Administración encomienda a esta organización.
El nuevo Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE se desarrollará en el periodo 2012-2021 y sustituye en su totalidad al anterior. Su objetivo es la proyección de la continuidad de los anteriores acuerdos a través de actualizaciones y mejoras en su contenido para asegurar la consecución del objetivo primordial: garantizar la estabilidad institucional y financiera de la ONCE para que pueda mantener la solvencia y calidad de la labor social que desempeña.
En consonancia con el nuevo contexto normativo definido en la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que abre el mercado liberalizado de juego a la competencia, se designa a la ONCE, junto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, como uno de los operadores a los que quedan reservadas en exclusiva las loterías de ámbito estatal. Esta regulación salvaguarda el régimen jurídico preexistente de la ONCE.
ESTABILIDAD
La estabilidad de la ONCE, basada en su consolidación institucional, una inequívoca vocación social y en su reconocimiento como entidad singular de economía social, a través de la Ley 5/2011 de Economía Social, permite asegurar su continuidad y su futuro como organización de ciegos, creada para conseguir el bienestar y la integración social de sus afiliados, promoviendo su autonomía personal y plena integración en la sociedad, y el compromiso de solidaridad adquirido con otros discapacitados a través de la Fundación ONCE.
La ONCE, como corporación de derecho público de carácter social, basada en los principios de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general, es la mayor empleadora de personas con discapacidad que existe en España.
Por ello, el texto convalidado acuerda bonificar con el 100% las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, de forma similar a lo que sucede con los Centros Especiales de Empleo.
Con la actualización y prórroga de estos acuerdos se favorece el cumplimiento de los fines sociales y de solidaridad encomendados a la ONCE, en especial el acceso al empleo de las personas con discapacidad, al asegurar su estabilidad jurídica y financiera hasta el año 2021, según señaló el Gobierno cuando aprobó el real decreto convalidado hoy en el Congreso de los Diputados.
VALIOSA ACTIVIDAD SOCIAL
En el debate parlamentario, el ministro de Trabajo en funciones, Valeriano Gómez, elogió la "valiosa actividad social, económica y empresarial" que desempeña la ONCE y estimó en unos 61 millones de euros el coste de aplicación de las exenciones y bonificaciones previstas.
Además, todos los grupos parlamentarios, excepto IU, elogiaron la labor de la ONCE a favor de las personas con discapacidad y su integración social y laboral.
Las únicas reservas al decreto procedieron del portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que anunció su abstención por la "falta de correspondencia" de la ONCE con el esfuerzo presupuestario del Estado, ya que en los últimos cinco años "ha reducido la plantilla" y pretende fusionar oficinas. Hay que condicionar las exenciones, concluyó, a que cese su "política de despidos".
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