El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la convalidación del real decreto que recoge la reforma de las políticas activas de empleo, aunque el texto se tramitará como proyecto de ley.
En el debate previo a la votación, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió la convalidación del real decreto por la "urgencia" que existe de reformar las políticas activas.
"Cada día cuenta", aseguró Jáuregui, quien sustituyó en el debate en el Congreso al ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que no pudo acudir por estar enfermo.
El ministro de la Presidencia afirmó que "resulta inaplazable mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo y situar los servicios públicos de empleo entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano".
En este sentido, añadió que cada año se destina una cifra "nada desdeñable" a políticas de empleo (7.300 millones en 2011) y subrayó que el objetivo de la reforma es hacer "más eficiente este gasto".
También destacó que la reforma se ha construido sobre la base del acuerdo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, por lo que asegura que "no es un salto al vacío".
APOYO DE CIU
El Gobierno logró convalidar el real decreto con los votos favorables del grupo socialista y de CiU. En total, la convalidación recibió 179 votos favorables, por 3 en contra y 160 abstenciones.
Por su parte, la práctica totalidad de los partidos apoyaron la tramitación como proyecto de ley de la reforma, con un total de 341 votos favorables y sólo una abstención.
El portavoz de la formación catalana en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Carles Campuzano, explicó en el debate previo a la votación que su grupo parlamentario apoya la reforma "sin lugar a dudas".
En su opinión, se trata de una "reforma sustancial de las políticas activas de empleo, de la ley de empleo y del modelo de traspaso de las políticas activas". También destacó que las medidas aprobadas por el Gobierno dan "mayor capacidad de autogobierno a las comunidades autónomas", lo que implica "más libertad y más flexibilidad".
Por el contrario, la diputada del PP María del Carmen Álvarez-Arenas criticó que la reforma es un "cúmulo de despropósitos" que da una mayor "inseguridad jurídica" y que deja a las comunidades autónomas como "actores pasivos".
También denunció que el real decreto habla de incentivar el emprendimiento pero no incluye ninguna medida en este sentido, y lamentó que el Gobierno no haya consensuado el texto "ni con los autónomos ni con el sector de la discapacidad".
Asimismo, afirmó que el vehículo del real decreto se está convirtiendo en el modo habitual de actuación del Ejecutivo y agregó que la reforma es "un decreto derogatorio, no regulatorio".
Por su parte, el portavoz de PNV en la comisión parlamentaria de Trabajo e Inmigración, Emilio Olabarría, defendió la abstención de su grupo en la votación al afirmar que el problema del paro en España no son las políticas activas sino "el crecimiento económico".
El diputado de IU Gaspar Llamazares también fundamentó la abstención de su grupo y criticó que la reforma supone un recorte de la iniciativa pública y nuevas privatizaciones, que "van en contra de la creación de empleo y, sobre todo, de empleo de calidad".
El parlamentario de ERC Joan Tardá apuntó que la Estrategia Española de Empleo que deberá aprobar el Gobierno será el "pilar de la reforma" pero añadió que "debería ser más porosa" hacia las comunidades autónomas.
Para la portavoz del BNG en la comisión parlamentaria, María Olaia Fernández Davila, la reforma incluye algunas cuestiones positivas, sobre todo la parte que deroga la ley anterior, pero denuncia la ausencia de un "compromiso económico" del Gobierno para reforzar los recursos humanos y materiales de los servicios públicos de empleo.
Por último, la diputada de UPyD Rosa Díez acusó también al Gobierno de utilizar la excepción del real decreto como "la norma" y denunció que es un intento de que el acuerdo con los agentes sociales "sustituya al Parlamento".
Fuente: Servimedia
