El Congreso está examinando la Ley de Unidad de Mercado propuesta por el Gobierno, cuyo fin es garantizar la libre circulación en el territorio español de personas y bienes, erradicando cualquier medida directa o indirecta que obstaculice el funcionamiento de las empresas.
La agilidad comercial en estos momentos de dificultad económica se ha convertido en una premisa. Cualquier fragmentación del mercado, informa el texto legislativo, dificultaría la competencia entre las empresas e impediría operar en un espacio más amplio, además de complicar los trámites administrativos. Sólo conseguiría desincentivar al emprendedor o empresario, lo que repercutiría directamente en la creación de empleo, en las inversiones, en la productividad y, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos. De ahí, según el Gobierno, la importancia de regular la unidad del mercado español.
A través de esta ley, "todas las Administraciones Públicas observarán los principios (recogidos en la misma), en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, y especialmente en aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico (telecomunicaciones, energía, transportes) bien por su potencial para la dinamización y el crecimiento económico (distribución comercial, turismo, construcción, industrias creativas y culturales, alimentación, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de especial relevancia para la economía".
Esta ley, añade el texto en su exposición de motivos, también se aplicaría a los sectores expresamente excluidos de la Directiva de Servicios (como las comunicaciones electrónicas; el transporte, las empresas de trabajo temporal o la seguridad privada, entre otros) y a la circulación de productos.
ECONOMÍA SOCIAL
Respecto a las empresas enmarcadas en la economía social y, en concreto, en el ámbito de la discapacidad, éstas han manifestado su preocupación por atar todos cabos que puedan quedar sueltos en esta ley y perjudicar el libre desarrollo de las dichas entidades.
En una nota de prensa, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
), ha presentado una batería de propuestas con las que "espera superar la fragmentación normativa producida por las comunidades autónomas cuando regulan aspectos de discapacidad y que tiene efectos negativos para el emprendimiento económico de base social, ya que fracturan el mercado impidiendo la generación de economías de escala y añadiendo sobrecostes innecesarios para las empresas".
La plataforma de la discapacidad ha propuesto una disposición adicional "que asegure la eficacia en todo el territorio nacional de las decisiones administrativas relacionadas con los centros especiales de empleo de personas con discapacidad", que vendrían acompañadas de la creación de un registro administrativo nacional de estos centros que hoy por hoy no existe.
Otra de las propuestas para este proyecto de ley consiste en dotar a todas las políticas activas de empleo para personas con discapacidad de "un marco estatal mínimo, al que deberán atenerse todas las comunidades autónomas, pudiendo mejorarlo con cargo a recursos propios, garantizando que los fondos estatales que reciban se destinarán en los plazos fijados a los fines de promoción de empleo establecidos en la normativa nacional", concluye.
Redacción / Fuente: Congreso y Cermi
