La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley de ERC enmendada con el PSOE para mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Esta iniciativa contó con 20 votos favorables, ningún voto en contra y 17 abstenciones.
Mediante esta proposición se insta al Gobierno a mejorar la capacidad y empleabilidad de las personas con discapacidad mediante una formación específica y cualificada incluyendo prácticas obligatorias remuneradas en grandes empresas sin límite de edad, así como la incentivación al acceso directo al mercado laboral, una vez finalizadas las prácticas.
Asimismo, incluye impulsar las modificaciones legales oportunas para garantizar la integración real de las personas con discapacidad al mercado laboral, mediante la aplicación a la empresa ordinaria de las mismas bonificaciones que se aplican a un centro especial de empleo e impulsar la revisión, previa consulta con las organizaciones afectadas, de los parámetros de la cuota de reserva del 2% y del tamaño de la empresa obligada a la contratación de trabajadores con discapacidad.
La proposición no de ley recoge la modificación del decreto de 1985 para garantizar la igualdad y no discriminación en el empleo y en el trabajo de las personas con discapacidad, mejorar la calidad del empleo y de sus condiciones de trabajo.
Otros puntos de la iniciativa hacen referencia a controlar la función social de los centros especiales de empleo, controlar la “cesión ilegal” de trabajadores que se da en estos centros, impulsar la revisión de los convenios colectivos de los centros especiales de empleo para equiparar los salarios de sus trabajadores a los de los convenios colectivos del sector y ámbito.
Del mismo modo, plantea recuperar líneas de ayuda en políticas activas dirigidas a la discapacidad, orientadas a favor de las mujeres con discapacidad y a aquellos casos con más baja empleabilidad y establecer medidas específicas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y servicios con las administraciones públicas.
El portavoz de ERC en la Comisión de Empleo encargado de proponer la iniciativa, Jordi Salvador, manifestó que es “intolerable” y “sangrante” que las personas con discapacidad vean vulnerados sus derechos fundamentales y que siga existiendo una “importante brecha salarial”, puesto que las personas con discapacidad cobran un 17% menos que la población trabajadora sin discapacidad.
“Si bien los centros especiales de empleo son imprescindibles”, dijo Salvador, existen casos en los que “se han desviado de su labor social aunque hay algunos que lo hacen bien”. Salvador consideró que si el Estado concede “múltiples” ayudas a estos centros, “no tiene sentido que quien no se beneficie sea la propia persona trabajadora con discapacidad”.
a este respecto, la diputada socialista Tamara Raya apeló a la “igualdad, integración y desarrollo de las personas con discapacidad en condiciones dignas en nuestro mercado laboral”.
Por parte del PP, Silvia Heredia pidió al parlamentario de ERC que si conoce alguna ilegalidad respecto al trabajo de los centros especiales de empleo, que lo denuncie porque consideró que expresándose en términos generales, “se mancha la imagen de muchos trabajadores y, sobre todo, empleadores que dan su vida por la integración de estas personas”.
Heredia aprovechó para destacar que “organizaciones como la ONCE desarrollan una magnífica labor, donde cumplen la normativa a raja tabla y no se busca una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social”.
Mientras, desde Podemos, Alberto Rodríguez explicó que el fin social de los centros especiales de empleo “ha ido transformándose por desgracia en múltiples ocasiones en puro beneficio empresarial” y como consecuencia, “la precariedad laboral se dispara” entre las personas con discapacidad. Por ello, Podemos expresó su voto a favor.
Por Ciudadanos, el diputado José Cano manifestó compartir “el fondo” de la iniciativa pero no “muchísimos puntos”.
A juicio de Cano, con este planteamiento “terminaríamos cerrando muchísimos centros especiales de empleo que también están teniendo verdaderos problemas financieros porque desde las distintas comunidades autónomas no les están pagando”.
Por último, desde el PNV, Íñigo Barandiaran agregó que “es cierto que hay determinada evolución del empleo en el ámbito de la discapacidad que ha llevado a la creación de nuevas empresas que sí están sometiendo a cierto grado de incertidumbre la situación de la discapacidad”. No obstante, “con independencia de que no coincide con la realidad que conocemos”, no se opusieron en la votación.
