El Congreso de los Diputados 
aprobó este martes por 337 votos a favor y una abstención una moción del PNV que insta al Gobierno a que "financie el 50% del gasto real y acreditado en Dependencia de las comunidades autónomas y diputaciones forales".
Y es que, argumentó el portavoz vasco en Asuntos Sociales, Joseba Agirretxea, en el debate de la iniciativa, la aplicación de la Ley de Dependencia no está siendo como debería, ya que diferentes formas de entender algo tan básico como la financiación de los servicios y prestaciones que la norma garantiza hacen que muchas CCAA y territorios forales se sientan ahogados por tener que hacer frente a una demanda a la que el Estado no está atendiendo como cabría esperar.
Por otra parte, la moción insta también al Ejecutivo a presentar, "en un plazo máximo de tres meses", la valoración del desarrollo y cumplimiento de la Ley de Dependencia, que en virtud de la propia norma, debería haberse dado a conocer ya el año pasado.
Concretamente, la ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, manda en su disposición final primera a Gobierno central y CCAA que evalúen sus resultados "trascurridos los tres primeros años de su aplicación" y que propongan las modificaciones "que estimen procedentes" en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD).
El texto pide al Ejecutivo, además, que presente, esta vez en dos meses, otro informe relativo a la oferta de prestaciones económicas frente a la concesión de servicios que están concediendo las CCAA a los beneficiarios del sistema.
Porque, explicó Agirretxea, la aplicación de algunos artículos de la ley está permitiendo que el espíritu de excepcionalidad de algunas prestaciones económicas recogidas en la norma se esté convirtiendo en "mayoritario", lo que distorsiona las previsiones económicas y de servicios de las instituciones que han de responder a esta demanda.
Las prestaciones económicas para cuidados familiares en el hogar de la persona dependiente llegan en algunas comunidades autónomas al 70% del total de las ayudas concedidas a los beneficiarios, con lo que pierden el carácter de "excepcionales" que les otorga la norma y se convierten, para algunas familias, "en una renta más".
Como el diputado vasco, Lourdes Méndez, del PP, incidió en el hecho de que según la propia Ley de Dependencia, el Gobierno debería haber presentado ya un informe sobre su desarrollo, pero explicó que, a su parecer, no lo ha hecho porque los resultados no serán favorables y eso le perjudicará de cara a las elecciones generales. Si el Gobierno quiere presumir de un buen Sistema de Dependencia, dijo, ha de financiarlo bien.
En este sentido, Carles Campuzano, de CiU, manifestó su temor por que el Estado termine por ceder todo el peso económico del sistema a las comunidades autónomas, que, en opinión de Joan Tardá, de Esquerra Republicana, se sienten ya "ahogadas" por su nivel de financiación del SAAD.
Fuente: Servimedia
