El empleo juvenil, el emprendimiento, las pymes, la formación...todos son aspectos especialmente escuchados en tiempos de crisis social, económica y financiera. Objetivos, estrategias, proyectos políticos y empresariales también se citan con más ímpetu.
Las dudas, la desconfianza y la esperanza acompañadas de la búsqueda de soluciones innovadoras copan la agenda de los políticos. Todos se preguntan por la sanidad, el medio ambiente, el empleo...Pero, ¿qué papel juega el sector privado?
Las empresas del Tercer Sector se alían con la sociedad. Las grandes multinacionales también. La población en riesgo y en no riesgo de exclusión buscan salida a la pobreza, acceder a la sanidad, mejorar el medio ambiente y tener la posibilidad de acercarse a la educación y a la cultura.
Organismos internacionales, sector público, empresas y, sobre todo, la sociedad, abren debates, proponen y, en algunos casos, estrechan lazos. Y uno de los ejes que todos abrazan es el de los Derechos Humanos.
Hace unos años, John Ruggie, Representante Especial del Secretario
General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas en la ONU, presentó un informe sobre los 'Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"'.
¿A qué viene esto? Ayer, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se trató un tema que implica la búsqueda de compromisos públicos y privados a través de la llamada y ya conocida Responsabilidad Social Empresarial.
El Pleno aprobó una proposición no de ley impulsada por el Grupo Socialista y acordada, a través de una enmienda transaccional, con los grupos Popular, de CiU, PNV y UPyD, relativa precisamente a esto, la Responsabilidad Social Corporativa y los Derechos Humanos. La imagen y actuaciones de nuestras empresas es primordial de cara impulsar el empleo y actuaciones medioambientalmente sostenibles que descansen sobre medidas de educación y motivación al emprendimiento. En un plano más abierto, se integra la Marca España.
Con esta proposición no de ley, el Congreso "insta al Gobierno a concluir, a la mayor brevedad posible", la incorporación del contenido del informe del citado John Ruggie -destacandon el aspecto de 'proteger, respetar y remediar'-, al segundo Plan de Derechos Humanos que está elaborando el Gobierno en cumplimiento de diferentes mandatos parlamentarios. Dicho Plan incorporará medidas concretas dirigidas a su aplicación y difusión.
Asimismo, la proposición solicita a Gobierno que traslade y proponga al Consejo Estatal de la RSE, la incorporación de dicho documento a sus su trabajo, para que los agentes económicos y sociales que conforman este Consejo se guíen por estas premisas, las analicen y estudien y puedan de este modo buscar medidas positivas susceptibles ser adoptadas.
Así, también pide contemplar, "en el marco de las directrices que deben regir la futura Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado", además de mecanismos para la Coherencia de Políticas, la inclusión de los estos principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
ASPECTOS COLATERALES
Esta propuesta, tal y como quedó recogido en el Pleno, no se quedaría estancada en la futura Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Por una parte, conllevaría el desarrollo de acciones que incentiven la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales "a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo, dentro de los Planes de Fomento de la Marca España".
Por otra parte, supone para el Ejecutivo analizar cómo vincular "el cumplimiento de las empresas en materia de Derechos Humanos a la recepción de apoyo oficial del Estado, fomentando la elaboración por parte de las mismas de Planes Específicos referidos al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de Derechos Humanos", además de promover la transparencia y la información sobre su cumplimiento.
Asimismo, habría que analizar las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales o no judiciales en cumplimiento de los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos. El objetivo es que, en caso de vulneración de la RSE enmarcada en los Derechos Humanos, quede garantizada la reparación de la falta.
Finalmente, la Cámara pide que se informe a las Comisiones Parlamentarias competentes sobre el estado del "procedimiento de elaboración del I Plan de Implementación en nuestro país de los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, y establecer mecanismos de evaluación y de coherencia entre este Plan con el II Plan de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)".
La RSE sigue siendo una cuestión de compromiso ya sea público, ya sea privado, pero de compromiso. Afortunadamente, comienza a ser un término cada vez más extendido e integrado en los Derechos Humanos, al menos la teoría. O así lo refleja John Ruggie.
Nathalie Domínguez / Fuente informativa: Congreso de los Diputados
