El Congreso de los Diputados 
ha aceptado que la futura Ley de infancia y adolescencia impida declarar a los menores en situación de desamparo por razones de pobreza o discapacidad. La futura norma, que previsiblemente se aprobará este verano en la Cámara Baja, incluye otras novedades que afectan a los menores víctimas de trata, a las familias numerosas y a las menores embarazadas tuteladas.
Son las principales novedades aprobadas este lunes por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, que aceptó la modificación del proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que al contemplar medidas de leyes orgánicas deberá ser votado de nuevo por el Pleno del Congreso antes de pasar por el Senado. Según el Grupo Popular, en el proceso se podrían aceptar nuevas modificaciones.
Los diputados aprobaron con 23 síes, 1 no y 16 abstenciones el dictamen a la Ley Orgánica; mientras que el dictamen de la ley ordinaria en materia de infancia y adolescencia cosechó 23 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones.
Durante la Comisión, la diputada del PP Blanca Puyuelo del Val reconoció el "altísimo nivel de consenso" en avanzar en la redacción de la normativa de infancia y adolescencia, que su compañera de partido Teresa Martín Pozo cifró en la aceptación de 150 enmiendas de diversos grupos parlamentarios.
Por su parte, la diputada Macarena Montesinos, también del Grupo Popular, destacó que será la primera ley del mundo que contemple el "interés superior del menor" y su derecho a ser escuchado.
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo resumió las principales líneas de las enmiendas presentadas por su grupo en reforzar los servicios sociales públicos; mejorar los centros de acogimiento residencial; crear centros para menores con trastornos de conducta "que ofrezcan las mayores garantías"; apoyar a las familias acogedoras; mejorar el procedimiento de adopción "y que se tenga en cuenta de que va a haber más trabajo en los juzgados y en el Ministerio Fiscal", lo que debe llevar "al refuerzo" de la Administración de Justicia.
Además, criticó que la ley "adolece del refuerzo necesario a la red de servicios sociales públicos" y tampoco reconoce a los profesionales, en concreto a los trabajadores y educadores sociales. "No sirve de nada que hagamos una ley estupenda si a la hora de implementación tenemos lagunas y déficits", agregó, anunciando que su grupo se abstendría en el dictamen final al considerar que no se está construyendo "un país para niños".
COMPETENCIAS
Durante su turno de palabra, el diputado catalán Carles Campuzano (CiU) denunció que algunas cuestiones no resueltas afectan al ámbito competencial, pues en su opinión, el proyecto de ley responde más bien a una "visión centralizadora" del Estado, a pesar de que, durante los últimos 30 años Cataluña "ha tenido un impacto positivo en la protección de la infancia" de tal calado que ha provocado que el Gobierno "se haya inspirado" en él.
Campuzano justificó que las enmiendas de su grupo responden a varias líneas, como reforzar la defensa del interés del menor y su derecho a ser escuchado; reconocer la Convención de las Personas con Discapacidad y "facilitar" la accesibilidad de estos a los servicios; regular la seguridad de los menores en los centros de acogida; y la prevalencia del acogimiento familiar antes que institucional de los menores.
Desde CiU también se trató la "cuestión polémica" de la situación de los menores extranjeros indocumentados, apelando a la protección de los mismos según lo estipulado por el Tribunal Constitucional, que exige confiar en la documentación de estos ciudadanos. Campuzano terminó su intervención tildando de "compromiso absurdo" del Gobierno a que el proyecto de ley no cuente con presupuesto.
También denunció la invasión de competencias autonómicas la diputada Isabel Sánchez Robles, que defendió las enmiendas del grupo vasco (EAJ-PNV). Según dijo, con el proyecto de Ley de infancia, el Estado asume "un papel director" en "un montón" de funciones "que hasta ahora eran asumidas pacíficamente" por las autonomías. Por ello, recordó que discrepan "al cien por cien" en los puntos que se refieren al ámbito internacional como es el que repercute en las adopciones, asunto sobre el que pidió al Gobierno "que reflexione" para ajustar posiciones.
Josep Pérez Moya, de La Izquierda Plural, abordó la definición del menor, según la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, para pasar a denominarlos "niños, niñas y adolescentes" y justificó las enmiendas de su grupo porque piden ampliar siempre la protección del menor, "que sean oídos, pero también escuchados en cualquier circunstancia".
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