Política social 15 Dic 2020 Según el PP con el actual sistema las entidades pierden ingresos
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El Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley presentada por el PP que pedía volver al reparto anterior del 0,7% del IRPF para entidades nacionales de acción social, después de que los populares calificaran el sistema actual de “saqueo” a la conocida como ‘X Solidaria’. Con 10 votos a favor, 19 votos en contra y cinco abstenciones, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad rechazó la propuesta del PP, que contó con la oposición del PSOE y Unidas Podemos.
Como relató la diputada Alicia García (PP), las subvenciones de lo recaudado por el 0,7% del IRPF para las ONG estatales han pasado de representar un 20% al 14,86%, lo que implica, dijo la parlamentaria, pasar de los 56,7 millones que les correspondería este año a ser 42 millones.
La popular tildó este cambio de “recorte” y dijo que, además, se ha hecho “en mitad de una pandemia” en la que “el Gobierno está vapuleando al Tercer Sector”. Y es que, dijo, las organizaciones estatales de acción social recibieron el año pasado 49,3 millones de euros, mientras que este año percibirán “ocho millones menos”.
En cuanto al 0,7% del Impuesto de Sociedades, la diputada manifestó que “llega mal, tarde y con opacidad”, al tiempo que criticó que a entidades de acción social corresponderá un 77,7% de lo recaudado, “lejos del cien por cien comprometido inicialmente”. “Por tanto, de los casi 34 millones, al Tercer Sector corresponden 26,4 millones”.
Cristina Alicia Esteban (Vox) se expresó en la misma línea y dijo que entidades como la ONCE, el Cermi o Cáritas “vieron menguadas sus ayudas en un 80%” tras la sentencia del Tribunal Constitucional que obligó a establecer un reparto autonómico de lo recaudado por el IRPF para las ONG, y favoreció, dijo, a “entidades sin gran trayectoria”.
Desde el PSOE, Yolanda Seva recordó al PP que este año se distribuirán 398 millones de euros al Tercer Sector, lo que supone, dijo, un incremento de 53,2 millones respecto al año pasado. A acción social se destinarán 310 millones, mientras que las entidades de cooperación internacional percibirán 77 millones y 11 millones irán para entidades ecologistas.
“Creen que les va bien con la crispación y la duda”, afeó al PP. Y es que “cualquier decisión tomada por este Gobierno no les gusta y no la van a aceptar aunque sea beneficiosa”. Además, dijo que “se mantiene el tramo estatal y el autonómico, que no impide el acceso de entidades estatales que pueden presentarse en varias comunidades”.
Sara Giménez, de Ciudadanos, reivindicó la necesidad de “establecer un marco de regulación y financiación estable para el Tercer Sector” con una “dotación estructural e independiente que garantice su sostenibilidad y viabilidad”.
Por parte de Unidas Podemos, Ismael Cortés se limitó a defender el actual reparto, que incluye a entidades de cooperación internacional y de medio ambiente con un “incremento neto de casi 19 millones de euros para acción social”.
En esta comisión también se abordó otra proposición no de ley del PP pidiendo el completo funcionamiento del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Lardero, que fue rechazada también por 14 a favor, 18 en contra y dos abstenciones.
El popular Javier Merino afeó que este centro sólo cuenta con “ocho usuarios de los cien posibles”, al tiempo que denunció que hay contratos pendientes de adjudicar para su pleno funcionamiento.
Tanto PSOE como Ciudadanos y Unidas Podemos se encargaron de matizar que el centro cerró como consecuencia de la crisis del coronavirus en marzo y comenzó a acoger pacientes de coronavirus ante la saturación de los hospitales. En noviembre recuperó su actividad y, progresivamente, irán reincorporándose los internos.
Asimismo, Unidas Podemos explicó que la mayoría de usuarios volverán al centro tras las navidades y que el único contrato que queda por adjudicar es el de manutención, que quedó desierto y se volverá a sacar.
Otra de las proposiciones rechazadas fue una de Vox para promover la creación de nuevos centros ocupacionales para discapacidad y elaborar en el Consejo Nacional de la Discapacidad programas de fomento de la terapia ocupacional. Fue rechazada con 15 votos a favor y 19 en contra.
