Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
El Congreso de los Diputados ha sido unánime al manifestar su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para añadir un apartado a la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en los procesos de incapacitación, obligue a los jueces a acudir al domicilio del presunto incapaz o sus representantes cuando a éstos les sea imposible acudir al tribunal.
La proposición de ley es fruto de la lucha de la familia Vendrell, después de que la juez que tenía que dictaminar la incapacidad de su hijo, único y con autismo de Kanner, se negase a desplazarse fuera del juzgado, lo cual bloqueó el proceso de incapacitación solicitada.
Para defender la toma en consideración de la proposición por parte del Parlamento de Cataluña, intervino Josep María Pelegrí, de Unió. Señaló que "no hay mayor desigualdad que tratar a todo el mundo igual, porque no todo el mundo es igual" y cada uno tiene sus circunstancias.
Tras señalar que el objetivo del texto "garantizar la protección de los más débiles", añadió que "se trata de un acto de justicia" y de "necesidad".
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Catalán Antoni Comín añadió que no se trata de cambiar las leyes para casos particulares, sino de que los casos particulares permitan mejorar las leyes cuando se evidencian sus lagunas.
Recordó que en el "caso Vendrell", la juez decidió suspender provisionalmente el proceso de incapacitación, dejando al hijo de dicha familia "desprotegido de manera indefinida".
Este diputado calificó de "admirable" la actitud de la familia Vendrell, que decidió seguir adelante con su propuesta al Parlamento de Cataluña, aunque su caso ya se había resuelto, "para que nadie tuviera que pasar por lo mismo".
LA PROPOSICIÓN
La proposición del Parlamento catalán, recuerda que el artículo 759 establece que en los proceso de incapacitación es obligado que un tribunal examine personalmente al presunto incapaz y que se emita un dictamen pericial médico, acordado por el propio tribunal.
"Sin embargo, para la realización de este proceso, el artículo 759 no prevé la posibilidad de que dichas pruebas se lleven a cabo fuera de la sede del tribunal en el caso de que existan graves dificultades de desplazamiento derivadas de la situación personal del presunto incapaz y las demás personas concernidas por motivos de salud o seguridad que hagan desaconsejable su desplazamiento a las dependencias judiciales", explica la proposición.
Por eso, propone que se añada un artículo, el 759 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establezca que "en caso de que el presunto incapaz o sus parientes más próximos no estén en condiciones físicas o psíquicas de desplazarse a las dependencias judiciales, siempre que una de las partes lo solicite y lo pruebe mediante la aportación de un certificado médico oficial u otro medio de prueba adecuado, el médico forense y el juez magistrado deberán ir al domicilio de aquéllos o al lugar donde se hallen para efectuar el examen a que se refiere el apartado 1".
El diputado del Grupo Socialista Jordi Pedret calificó de "adecuado el momento y el fondo" de la proposición presentada por el Parlamento de Cataluña porque "están en el calendario todas las reformas para hacer de la administración un auténtico servicio público y al servicio de los ciudadanos".
A su juicio, busca "hacer de la Administración de Justicia un servicio al ciudadanos y no algo mayestático". Además, aprovechó para seguir el ejemplo del Parlamento de Cataluña, que trajo esta proposición a través de su comisión de peticiones.
Por su parte, el diputado del PP, Francisco Vañó, quien aplaudió la citada proposición, abogó además por hacer accesibles los juzgados y todas instituciones públicas y dijo que la citada proposición constata el "fracaso" de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
UN EJEMPLO A SEGUIR
Jordi Jané (CiU), manifestó que este caso es "un buen ejemplo a seguir" y dijo que los diputados deben "congratularse de que una iniciativa de la sociedad pueda llegarse a trasladar en una proposición de ley en el Congreso".
Para Emilio Olabarría (PNV), la petición que contiene la proposición de ley es "tan obvia y tan poco cuestionable" que es imposible encontrar un argumento que la refute. Señaló que "la función judicial debería hacer una aproximación a las necesidades ciudadanas".
Joan Tardà, de ERC-IU-ICV, señaló que "hace falta humanizar a los jueces" y que éstos sean "más diligentes en ser más serviciales con la ciudadanía", porque, si ya lo fueran, no harían proposiciones como la hoy debatida para su toma en consideración.
Fuente: Servimedia
