El Pleno del Congreso de los Diputados 
rechazó este martes, por 141 votos a favor, 177 en contra y 2 abstenciones, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que pedía al Gobierno que diera marcha atrás en todas las medidas relativas a la modificación de la Ley de Dependencia adoptadas hasta ahora.
La iniciativa, debatida y rechazada en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja el pasado 28 de noviembre, abogaba por que el Ejecutivo adoptara las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, "con respeto a los principios inspiradores de la ley".
En la defensa de la proposición ante el Pleno, el diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo afirmó que la deuda que el PP atribuye al PSOE en materia de dependencia es "una gran mentira", ya que la mitad le corresponde al propio Partido Popular.
Calificó también Sahuquillo de "injusta" la medida por la que se elimina el pago de la cotización a la Seguridad Social por parte del Estado a las cuidadoras (la mayoría son mujeres) de las personas dependientes.
En este punto coincidieron varios grupos parlamentarios, como UPyD, PNV o la Izquierda Plural, que por boca de su diputada Caridad García calificó de "aberrante" que el Gobierno se refugie en la crisis para "descapitalizar las ayudas a la dependencia". García se refirió también a la marcha 'SOSdiscapacidad' que protagonizaron el pasado 2 de diciembre en Madrid miles de personas con discapacidad y sus familias (muchas de ellas dependientes, dijo), para denunciar el recorte de derechos que llevan sufriendo desde hace años.
En el transcurso del debate, Carles Campuzano, de CiU, pidió "un cambio urgente" de la política del Gobierno en materia de dependencia, que, a su parecer, es la misma que la del Psoe, pero "recortada". Asimismo, insistió en la "necesidad" de alcanzar "un gran acuerdo en materia de dependencia" para garantizar su sostenibilidad.
Por su parte, Toni Cantó, de UPyD, aseguró, en la misma línea, que los problemas de la norma de la Dependencia, "lejos de solucionarse, se están viendo agravados" y criticó, como hicieron los representantes de otros grupos parlamentarios, las reformas introducidas por el Gobierno del PP en la Ley de Dependencia.
Emilio Olabarría, del PNV, dio su apoyo a la iniciativa y afirmó que la Ley de Dependencia "está suspendida" y que "600 personas han fallecido (en la Comunidad Valenciana) sin haber recibido la ayuda que les habría correspondido del Sistema de la Dependencia.
Criticó asimismo Olabarría la suspensión de la cotización a la Seguridad Social, por parte del Estado y añadió que la ley "no se está aplicando", con la "frustración de derechos generados" que ello supone.
En la misma línea que Olabarría se pronunció Joan Baldoví, del Grupo Mixto, al lamentar también la reducción del 15% en la paga que reciben los llamados cuidadores informales por atender a una persona dependiente y se opuso, en el mismo sentido, a todas las reformas ejecutadas por el Gobierno sobre el Sistema de la Dependencia.
Finalmente, Susana Camarero, del PP, calificó de "desfasada" la proposición no de ley del PSOE y recordó que la norma de la Dependencia contemplaba como "excepcionales" los cuidados no especializados o informales, generalizados, sin embargo, que con el Ejecutivo Popular se han visto recortados.
"Lo que no queremos es que sean las mujeres las que se hagan cargo del cuidado de sus mayores", sino que lo dejen en manos de profesionales y puedan trabajar fuera de casa si lo desean, afirmó Camarero para justificar la suspensión de la cotización a la Seguridad Social por parte del Estado de las cuidadoras informales y el recorte de un 15% en sus pagas.
LA PROPUESTA
En concreto, la proposición socialista instaba al Gobierno a "reponer y cumplir el calendario de implantación del Sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".
Además, la iniciativa apostaba por "reponer el nivel acordado de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia".
Por último, la propuesta quería que todas las decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento del citado sistema se abordaran con las CCAA y contando siempre con los órganos consultivos de la Dependencia:
Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
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