El Consejo de Europa ha publicado un informe de evaluación del Plan de Acción 2006-2015 para promover los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, que concluye que pese a los “avances” conseguidos, hay todavía “importantes desafíos” como los relacionados con la educación, ya que, denuncia, existen aún niños y jóvenes que no reciben formación por su discapacidad.
El informe, difundido en una conferencia del Consejo de Europa sobre la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad que se está celebrando en Dublín (Irlanda), asegura que hay todavía niños y jóvenes que reciben educación en escuelas segregadas, o que no la reciben a lo largo de toda su vida a causa de su discapacidad.
En la misma línea, prosigue el documento, algunas personas con discapacidad no pueden trabajar o relacionarse con normalidad con otras personas debido a la inaccesibilidad física del medio ambiente en el que viven.
Otros ciudadanos, añade, no tienen acceso a los derechos políticos o civiles, y ni siquiera pueden tomar decisiones sobre asuntos muy personales o realizar muchas otras tareas "simples".
Desde esta perspectiva, el trabajo aporta una serie de recomendaciones generales entre las que figura la promoción y aplicación universal del modelo social de la discapacidad, basado en los derechos humanos.
Aboga también por garantizar la accesibilidad a través de los ajustes razonables y el principio de diseño universal y una financiación adecuada para las políticas e iniciativas relacionadas con la discapacidad.
Propone asimismo el Consejo de Europa que se asegure la participación de las personas con discapacidad en el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta la situación y las necesidades específicas de estos ciudadanos cuando se encuentran en situación de riesgo de la discriminación múltiple.
Pese a todo esto, el documento, que evalúa el impacto de las 15 líneas de actuación del plan de acción, reconoce que en los últimos 10 años se han conseguido logros, en particular en lo que respecta a la legislación, la prestación de servicios, el entorno físico y las actitudes hacia las personas con discapacidad.
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