El Consejo General del Trabajo Social reclama al Gobierno una ley marco de Servicios Sociales

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La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha reclamado al Gobierno la elaboración de una ley marco de Servicios Sociales con el objetivo de que "no existan 17 leyes diferentes heterogéneas".

Lima criticó, en declaraciones a Servimedia, que no existan "criterios comunes" en las rentas mínimas de inserción, los servicios sociales de atención primaria o los requisitos mínimos de acceso a los recursos en cada comunidad autónoma.

"La renta mínima de inserción en el País Vasco es en torno a 700 euros, mientras que baja a los 400 euros en otras comunidades", explicó.

"Los déficit estructurales a los que están sometidos los servicios sociales en España tienen que ver con la carencia de estándares homogéneos", destacó. Por ello, el Consejo General de Trabajo Social solicita, según afirmó, que "existan ratios profesionales", una demanda histórica de los colectivos profesionales, que estiman que debe existir en los servicios sociales municipales un trabajador/a social o profesional de referencia por cada 3.000 habitantes.

CRISIS ECONÓMICA

Ante la crisis económica por la que atraviesa España, el Consejo General de Trabajo Social solicita al Gobierno y a las comunidades autónomas "que tengan en cuenta el impacto de los recortes que se están efectuando en materia de protección social", según Lima, y que afectan en mayor medida a colectivos más vulnerables, como personas mayores, jóvenes, familias con menores a su cargo, inmigrantes, etc.

Según estimaciones del Consejo General del Trabajo Social, con la crisis financiera la demanda de muchos de los servicios sociales ha aumentado en más de un 50%. "Este aumento de la demanda de servicios se ha traducido en una mayor carga de trabajo de los/as trabajadores/as sociales. En algunos casos se han mantenido congeladas las plantillas de personal y, en otros, las plantillas han sufrido reducciones", subrayó Lima.

Asimismo, consideró que es tan importante la garantía de derechos, avalar estructuras que sostengan los sistemas de protección social y atender a la demanda ciudadana, "no sólo desde una perspectiva de atención y asistencia (cuando surge un problema), sino también con un enfoque preventivo y con garantía de acompañamiento profesional e itinerarios adecuados de intervención social".

En este sentido, calificó de positivo que algunas leyes autonómicas de servicios sociales "incluyan dentro de la cartera de servicios la Ley de Dependencia y otros derechos subjetivos". Aun así, reclamó que se tenga en cuenta a los trabajadores sociales y a las propias personas demandantes "a la hora de ver dónde se invierte el dinero".

 

 

 

Fuente: Servimedia