“Contra la crisis, la única receta posible es el refuerzo de la solidaridad, partiendo de una reflexión optimista”, ha asegurado el coordinador del Observatorio Estatal de la Discapacidad , Antonio Jiménez Lara, quien ha centrado su intervención en las nuevas vías de sostenibilidad económica y financiera del Tercer Sector de la Discapacidad. En este sentido, ha afirmado que es un “momento de crisis profunda, que se añade a otros retos que el Tercer Sector tiene que enfrentar”.
Jiménez Lara, que ha manifestado estas declaraciones durante la celebración del VII Congreso Estatal de Cermis Autonómicos, ha añadido que el proceso de recuperación va a ser largo y que para limar las tensiones que esto genera, para potenciar la necesaria recuperación, es necesario un mayor desarrollo del ámbito social, al mismo tiempo que hay que mantener los niveles del Estado del Bienestar”.
También ha manifestado que la primera lección que debemos haber aprendido es no repetir las conductas que han generado esta crisis. Para Jiménez Lara, “se trata de incorporar una nueva cultura de austeridad y sobriedad y de equilibrar nuestros presupuestos y encontrar soluciones más sostenibles y más humanizadoras”.
Por otro lado, ha hecho un llamamiento al Tercer Sector para no caer en el economicismo y ha hablado de la “gran” dependencia de las administraciones públicas por parte del movimiento asociativo con respecto a la financiación, por lo que ha propuesto un nuevo modelo que parta de la aportación específica del Tercer Sector para la superación de oportunidades, “un modelo más estable que garantice la financiación de las entidades”.
Así, ha planteado un nuevo desarrollo social y organizativo dentro de la transformación y redefinición del Tercer Sector, “que suponga una superación de la dependencia financiera del sector público, un replanteamiento de la identidad y misión que tenemos, así como ser agentes de nuestro empoderamiento individual y colectivo”.
Para construir ese modelo de relación entre el sector no lucrativo y el público, según ha asegurado,“es fundamental ofrecer una propuesta clara, respaldada por un liderazgo social, que refuerce nuestra capacidad de negociación y reivindicación, para lo que hay que actuar en conjunto con el Tercer Sector.
Por su parte, la asesora de Feacem , Pepa Torres, ha abordado cómo la situación económica actual amenaza “todavía más” al sector de la discapacidad, a pesar de la contratación por parte de los Centros Especiales de Empleo, que también se ven afectados por la crisis; o la desigualdad de oportunidades dentro del mercado laboral.
En este sentido, ha planteado la necesidad de crear un nuevo modelo de empleo “protegido” y de inclusión, activar un proceso político para aprobar esta iniciativa y crear una nueva Ley de promoción de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, que supondrá el marco legal para las nuevas políticas de inclusión en los próximos años.
“Se trataría de una norma integral que incrementaría las tasas de actividad del colectivo, abordaría un empleo digno, un acceso pleno al empleo, la igualdad de oportunidades y atendería a grupos de discapacidad con más dificultades de acceso”, ha añadido.
Asimismo, recogería un elenco de medidas laborales, educativas y accesibles, que afecten a los procesos de formación para el empleo, a la fiscalidad y a la seguridad social, al mismo tiempo que debería fomentar el emprendimiento social, apoyando iniciativas del movimiento asociativo que sean ejemplo de iniciativas empresariales de innovación social.
“Tenemos que ser capaces de diseñar el sistema de empleo de personas con discapacidad para el futuro”, ha destacado.
Por último, Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá, ha analizado las entidades de la discapacidad y sus fuentes de financiación actuales y futuras y ante el diagnóstico que ha expuesto sobre los recortes en programas, el freno que existe a la participación social del dialogo cívico y el ajuste en el gasto para la prestación de servicios, ha anunciado las condiciones “necesarias” para avanzar en una estrategia de financiación.
En esta línea, ha señalado la necesidad de garantizar lo logrado e ir hacia un nuevo desarrollo de los derechos sociales; poner en valor la rentabilidad social de las entidades; conseguir una integración y cohesión social, obtener mejoras en la gestión, ser transparentes, realizar auditorías y formar gestores. Al mismo tiempo, ha indicado que sería necesario elevar la voz del sector, tanto de la discapacidad como del conjunto del Tercer Sector.
Además, ha resaltado que se tendría que crear una plataforma única con un estatauto de colaboración con el sector público para construir el diálogo civil, luchar contra la exclusión, participar en el diseño de las políticas públicas y potenciar la movilización social.
"2011-2020, una década para la inclusión"
Durante la celebración de la jornada también tuvo lugar el Foro “2011-2020, una década para la inclusión”, que ha abordado qué y cómo debemos favorecer la inclusión, y ha contado con la participación de la directora ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino; la responsable de Educación de Fevas, Eguzkiñe Etxabe; la responsable del Departamento de Igualdad y Responsabilidad Social de Fekoor, Izaskun Jiménez, y la directora de la cátedra Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto, Aurora Madariaga.
Por su parte, Pilar Villarino ha abordado la Convención de la ONU como referente a la hora de hablar de la inclusión activa para las personas con discapacidad, la cual debe abordarse desde el enfoque de los derechos humanos. En este sentido, ha valorado las conclusiones extraídas del Informe de Observatorios Finales del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, publicado hace una semana por orden de Naciones Unidas y que recoge las propuestas elaboradas por el Cermi.
Por ello, ha insistido en la idea de modificar las legislaciones en esta línea, de acuerdo a la Convención de la ONU. “Es muy importante adaptarlas y recoger el enfoque de derechos humanos, el enfoque inclusivo que se defiende desde el Cermi”, ha concluido.
La responsable de Educación de Fevas, Eguzkiñe Etxabe, ha hablado de la necesidad de una educación inclusiva “real y efectiva” de las personas con discapacidad. “La inclusión es un derecho y el modelo de educación inclusiva es la clave para conseguir la inclusión”, ha añadido.
Etxabe, quien ha destacado los avances en esta materia en Euskadi y ha apostado por conseguir un liderazgo educativo, ha informado de que “nuestra responsabilidad es sensibilizar y desarrollar acciones a favor de la inclusión y colaborar con los profesionales de la educación y el movimiento asociativo, que tiene que dar apoyo a las personas con discapacidad”. También ha hablado del compromiso de centros, del liderazgo, de las redes colaborativas, de la innovación y de la creatividad para avanzar en lo que se refiere a la educación inclusiva.
Por otra parte, Izásqun Jiménez, responsable del departamento de Igualdad y Responsabilidad Social de Fekoor, entidad que pertenece a Edeka, ha reflexionado sobre la necesidad de la sensibilización social con respecto a la situación de las mujeres y niñas con discapacidad y se ha planteado la existencia real de un avance hacia la inclusión, en este sentido. Entre las propuestas y consideraciones que ha planteado, ha llamado la atención sobre la necesidad de incluir en las políticas de la igualdad la perspectiva de la discapacidad. Para ella, “la legislación tiene en cuenta nuestros derechos como mujeres, pero la realidad es otra”.
Por último, Aurora Madariaga, directora de la Cátedra Ocio y Discapacidad de la Universidad de Deusto, ha expuesto la necesidad del ocio inclusivo. Principalmente, ha destacado que “no existe un ocio diferente por tener o no una discapacidad”, ya que, según ha explicado, “trabajamos desde una visión humanista del ocio, que aborda desde el principio que el ocio es un derecho humano fundamental, con una visión integral”. “Limitar la participación de las personas con discapacidad en el ocio, es limitar sus posibilidades como persona”, ha indicado.
Por otra parte, ha intervenido también el director de Activación Laboral de Lanbide, Mariano Cortés, quien ha hablado sobre el Plan de Inclusión Activa 2010-2015 y sobre la corresponsabilidad de las personas con discapacidad en las políticas de inclusión social en Euskadi, para lo que ha hecho referencia a las 7.400 personas con discapacidad que desempeñan su trabajo en el sector de empleo protegido de Euskadi. Para él, ha habido un paso a una cultura de empleo y de activación laboral, por tanto.
También ha indicado que la población activa de personas con discapacidad en Euskadi supera las 50 mil personas. “No sólo debemos mejorar la empleabilidad, sino mejorar las capacidades del entorno laboral para recibir respuestas funcionales diversas, para recibir la diversidad que supone la discapacidad”, ha manifestado.
Además, ha resaltado la apuesta de Lanbide por la orientación personalizada laboral para la activación del empleo, entendida como el conjunto de acciones y medidas de información para gestionar su trayectoria individual de búsqueda de trabajo o fomento de autoempleo.
El VII Congreso Estatal de Cermis Autonómicos, que se enmarca bajo el lema “2011-2020 una década para la inclusión”, está organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad (Edeka ) y el Gobierno Vasco. En él se analizarán y debatirán los temas de actualidad y máxima importancia en relación a la inclusión del sector de la discapacidad.
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