La Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF) insistio este sábado en que se desarrollen medidas como la adaptación del puesto, formación específica, movilidad (dar preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad), promover el teletrabajo y el empleo con apoyo y revisar de manera periódica la discapacidad para adaptar su labor al posible agravamiento de su situación.
Así lo remarcaron fuentes del sindicato a Servimedia después de que 4.000 personas con discapacidad se examinasen este sábado para optar a 279 plazas de ordenanza en la Administración Pública. Esta primera prueba de la oposición, que consistió en un test de 25 preguntas, permitirá seleccionar a unos 1.000 candidatos, de los que saldrán, atendiendo a su experiencia y titulación en una segunda fase, los destinatarios finales de la convocatoria.
El examen de la oposición, que transcurrió sin incidencias destacables y en un clima de “gran ilusión” por parte de los opositores y sus familias, no tendrá sentido, según las mismas fuentes, si luego las administraciones públicas no ofrecen un entorno laboral adecuado a las “características” y necesidades de quienes cubran las plazas de ayudante de gestión y servicios comunes de la Administración General del Estado en todo el país.
Por ello, CSIF reclamó adoptar nuevas medidas como implementar la reducción de jornada laboral sin merma retributiva para las personas que acrediten un grado importante de discapacidad, así como el adelanto de la edad de jubilación en el colectivo de funcionarios.
El sindicato pide que la jubilación se adelante a los 52 años para situaciones de discapacidad igual o superior al 65%, y a los 56 para la discapacidad en grado igual o superior al 45% en las que concurra una reducción de la esperanza de vida, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.
De todo ello, según se dijo desde CSIF, dependerá mantener la “ilusión” de esas personas con discapacidad y sus familias, que se enfrentan a la asignación de un puesto “como si les hubiera tocado la lotería a ellos y a sus padres”. Después, insistió el sindicato, la Administración debe procurar “que tengan los medios” para que se integren bien. “Si no se hace eso, se producirá una repercusión negativa para ellos mismos y para el funcionamiento de la institución”, agregó el interlocutor, subrayando también formar a las personas con discapacidad después de obtener la plaza.
El resultado de este primer examen se conocerá en una semana a través de la web del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la asignación final de las plazas, según las citadas fuentes, podría estar resuelta a principios de 2019.
